La Fiscalía General de la Nación llamó a Néstor Guillermo Franco González, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, por presuntas irregulares en contratos durante su gestión frente a la institución. El funcionario, quien ya fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, fue acusado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Cuerpo Técnico de Investigación del ente acusador determinó que, en 2015, Franco González habría celebrado un contrato destinado para el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía. Al firmarlo, según la investigación, el funcionario no habría verificado cumplimiento de requisitos por parte del contratista.
Franco, en cabeza del CAR departamental, no confirmó los costos de las obras fundamentales y estructurales como columnas, zapatas, vigas de cimentación, vigas aéreas, placa de contrapiso, losa superior, acero de refuerzo, acero estructural y los pilotes. Esto generó adiciones a los 35.748 millones de pesos del valor inicial por 17.783 millones de pesos. En total, la obra terminó costando 53.531 millones de pesos.
Además, la autoridad también logró encontrar irregularidades en los diseños de infraestructura a futuro “por no tener en cuenta la cantidad de población y el caudal de agua que la planta debía tratar después de 2015″, dice el reporte.
“Frente a este convenio, los elementos materiales probatorios señalan que el exdirectivo habría faltado a los principios de economía y planeación de los recursos, pues aparecieron 171 ítems de obras no previstas en el convenio inicial”, concluyó la Fiscalía.
Por su parte, el 7 de mayo de 2019, la Procuraduría General de la Nación hizo pública la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años al exdirector. En ese entonces, bajo el Ministerio Público de Fernando Carillo, se encontró que el contrato, con la Empresa de Servicios Públicos de Chía, no estaba en condiciones de ser ejecutado.
El órgano de control señaló que “los estudios y diseños planteados no eran suficientes ni estaban actualizados y completos para ejecutar el proyecto, lo que llevó a retrasos en la ejecución de las obras y a un reajuste en el valor, que ascendió a $62.876 millones”.
Según la Procuraduría, se violó el principio de planeación y, por la falta de control de Franco ante los imprevistos, la obra se inició tres años después de la suscripción del documento. El Ministerio Público calificó la conducta del funcionario como una falta “gravísima cometida a título de culpa gravísima”. Sin embargo, el señalado apeló la sanción.
A mediados de 2020, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó y declaró improcedente la tutela que la defensa de Franco interpuso para que se levantara la inhabilidad por diez años. De acuerdo con el exfuncionario, se habría violado el derecho al debido proceso. Sin embargo, una decisión de la Procuraduría no fue considerada por el despacho como perjuicio irremediable reprochable por tutela.
El periodo de Franco en el CAR comprendió desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. En el momento, Fernando Sanabria es director del CAR Cundinamarca y fue nombrado el 26 de noviembre de 2019. El funcionario, de 49 años, es un abogado titulado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás.
Además, fue alcalde de su municipio natal, Chiquinquirá, entre los años 2008 y 2011 y personero municipal del mismo entre 2001 y 2006. Para la convocatoria, que reemplazó a Franco, se postularon más de 70 candidatos.
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