Ordenan libertad para el gobernador de San Andrés aunque seguirá investigado por presunta corrupción

El 16 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención domiciliaria para el gobernador de la Isla de San Andrés, Everth Hawkins, por las presuntas irregularidades en la firma de millonarios contratos en medio de la emergencia sanitaria del covid-19. Sin embargo, el mismo tribunal decidió este 22 de abril dejarlo en libertad luego de que la defensa de Hawkins, elegido para el periodo 2020-2023, presentara la solicitud, según afirmaron fuentes de la Fiscalía a El Espectador.

En el proceso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el mandatario departamental abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas; sin embargo, 48 horas después, el 18 de marzo del año en curso, decretó la calamidad pública por el covid – 19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS.

El material probatorio da cuenta de que el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen.

De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el covid – 19. Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población.

El citado contrato con Noel Fotos SAS ascendió a 500 millones de pesos. Esta suma salió de los recursos del departamento y, de acuerdo con las verificaciones hechas, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas, fue desembolsada a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.

Para la Fiscalía, el gobernador de San Andrés vulneró principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Por solicitud del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario había recibido la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Ya en libertad, el ente acusador seguirá insistiendo en la culpabilidad de Everth Hawkins por presunta corrupción pues el proceso continuará.

Por la ausencia de Hawkins, se posesionó, en octubre de 2020, el gobernador encargado, Alen Jay Stephens, profesional en Arquitectura con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Ha cumplido funciones como profesional universitario de la Gobernación Departamental, Jefe de División de Ordenamiento Territorial y Director del Departamento Activo de Planeación en dos ocasiones, además de ‘gobernador encargado’ en administraciones pasadas. Otra de las funciones a destacar del profesional isleño, es que ha sido Instructor del SENA, residente de obra e interventoría, y director de interventoría, además de asesor de la Secretaría de Planeación en temas de ordenamiento territorial.

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