Luego del repudiable asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocue, en la vereda El Porvenir (Caldono, Cauca), la guardia indígena informó que bajo su custodia permanece uno de los presuntos responsables del crimen.
“Uno de ellos asumiendo la responsabilidad de la asesinato de la gobernadora. Manifestó, al ser reducido, que tenía conocimiento de quiénes habían ordenado el asesinato de la gobernadora. Por el momento, ya tenemos resultados y no quedará impune la muerte”, dijo Hermes Pete, consejero mayor del CRIC.
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca evalúan si el hombre debe ser entregado a la justicia ordinaria o si será juzgado bajo la jurisdicción autóctona de esta zona de Colombia.
Así como en este caso, la guardia también tiene bajo su custodia a doce sujetos que habrían sido parte del ataque armado al Resguardo Indígena La Laguna-Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe, municipio Caldono, en el que resultaron heridos al menos 31 comuneros.
Esa minga, que fue blanco de un ataque con armas de fuego, fue convocada por las comunidades del Cauca y las autoridades del CRIC en respuesta al asesinato de la gobernador Sandra Peña.
Por información sobre el asesinato de Sandra Peña, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de $ 200 millones, además del trabajo conjunto entre la Policía, Ejército y Guardia Indígena para con los culpables. Incluso manifestó trabajar en el desmantelamiento de la disidencia Dagoberto Ramos de las Farc, en el Cauca. Pero hoy, la comunidad es víctima de un nuevo ataque de actores armados.
Sandra Peña, gobernadora del resguardo La Laguna de Siberia en Caldono, fue asesinada en la vereda El Porvenir (Caldono), luego de cuatro hombres armados la obligaran a salir de su casa para dispararle, según las versiones de la Onic.
El consejero Ferley Quintero afirmó que la gobernadora tenía planeado viajar a la ciudad de Popayán para asistir a una reunión con el Gobierno nacional, cuando fue víctima del atentado.
También señaló que Liliana Peña había manifestado recientemente su oposición al aumento de cultivos ilícitos de coca en el departamento, una posición que sostenía como gobernadora y había ejercido control territorial contra la presencia de grupos armados.
A raíz de esa labor, la lideresa indígena había recibido amenazas de muerte por parte de los grupos delincuenciales que controlan el Cauca, en especial el municipio de Caldono, donde se encuentra su resguardo.
Tan crítica es la situación que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) emitió una carta abierta a la opinión pública en rechazo de los ataques a la comunidad y la “desidia institucional e incapacidad del Estado para proteger nuestras vidas frente a la arremetida de actores ilegales en nuestros territorios. Hay una crisis real en la implementación del Acuerdo de Paz (...), así lo evidencia la estela de muertos, masacres, confinamientos, despojo, que amenazan la supervivencia de nuestros pueblos”.
“Elevamos con fuerza y preocupación nuestras voces a la comunidad internacional, al Sistema de las Naciones unidas y a todos nuestros aliados: requerimos acciones de apoyo a nuestra resistencia y de exigencia efectiva al Estado colombiano frente a la crisis humanitaria, social y de derechos humanos con la que pretende arrasarnos”, se lee en el comunicado.
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