No cesan los homicidios de firmantes del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, la nueva víctima fue Yeison Ayala, que en el antiguo grupo subversivo se le conocía como Eber Castro, donde se desenvolvió como médico empírico en las columnas móviles del Bloque Oriental, hasta el 2016.
Castro fue ultimado cuando llegaba al caserío San Juan de Lozada que se ubica entre los límites de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y de la Macarena (Meta) el pasado domingo 18 de abril, según informaron en el partido Comunes, que surgió tras el acuerdo de paz.
En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recordaron que en esa misma zona fue asesinado la semana anterior Camilo Cufiño, otro firmante del acuerdo, y el líder social Juan Carlos Aguirre.
“La Defensoría del Pueblo emitió una alerta, la 042 de 2018, en la que advierte el riesgo de la población por la presencia de estructura post Farc-EP, como el frente Séptimo y la Segunda Marquetalia (posiblemente mediante la Columna Vladimir Stiven)”, indicaron en Indepaz.
En el periódico El Espectador reseñaron que los otrora enfermeros de las Farc fueron los que más lamentaron el deceso de Castro, ya que acudían a él cada vez que el caso de un herido se les salía de las manos.
Tras la firma del acuerdo, el que fuera uno de los médicos empíricos de la extinta guerrilla, inició su proceso de reincorporación con el que estaba terminando el bachillerato.
“Nos mata el Estado, nos matan los paramilitares, nos matan los elenos y las mismas disidencias, o sea, la misma gente que tuvo que comer mierda con nosotros también nos da bala”, dijo en El Espectador Alexa Rochi, una excombatiente de las Farc que fue cercana a Castro.
La mujer señaló que pese a que siguen excombatientes asesinados, desde el gobierno Nacional no se han tomado acciones efectivas para proteger la vida de estas personas que dejaron las armas.
“Hay 265 vidas silenciadas que se han convertido en trinos y en piezas con la foto y comunicados, pero nada pasa. Y la ONU sigue haciendo llamados, pero a la comunidad internacional y al país le ha quedado grande. Gran parte del país se la jugó por el proceso de paz hasta que se dieron cuenta que entregamos armas; después de que entregamos los fusiles entonces nos dejaron solos”, reclamó Rochi en el periódico.
En Caracol Radio citaron las declaraciones de la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, quien criticó también lo que sería la inoperancia del gobierno Nacional para proteger la vida de los firmantes del acuerdo.
“Hoy tenemos la dolorosa cifra de 265 firmantes de la paz asesinados, en una guerra que nos quieren imponer, no solamente contra los excombatientes sino contra los líderes y lideresas sociales. Hoy tenemos un caso en el Cauca y otro más en Santander, sin mencionar las masacres. ¿Hasta cuándo señor Presidente lograremos que usted escuche las balas asesinas en los territorios?”, reclamó la congresista.
En la emisora también recordaron que aunque en el partido político, surgido en el acuerdo de paz, sostienen que van 265 excombatientes asesinados, en la Justicia Especial para la Paz (JEP) afirmaron que son 276 los firmantes ultimados desde el 2016. Los muertos adicionales serían casos que todavía están verificando en la colectividad de la extinta guerrilla y las autoridades judiciales.