Paola Holguín salió en defensa de los subcontratistas de Hidroituango

La decisión de la Contraloría General de la Nación de embargar las cuentas de uno de los subcontratistas del proyecto Hidroituango no pasó desapercibida entre los miembros del Centro Democrático, que en el transcurso de este miércoles 21 de abril expresaron su preocupación.

Una de las primeras en hablar del tema fue la senadora Paola Holguín, quien le dijo a La FM que a pesar de que respeta las medidas cautelares impuestas por el organismo de control, siente “preocupación porque quisiera saber si esta decisión se tomó haciendo una matriz del riesgo social, político y económico que genera, ya que esto pone en riesgo a once grandes empresas contratistas que están dando miles de empleos en plena pandemia, lo cual genera dificultad”.

Después de todo, el embargo recae sobre Integral, una empresa de consultoría e ingeniería con 65 años de experiencia en los que ha participado en al menos 1.600 proyectos, incluyendo el Túnel de Oriente, en Medellín, y la mina de cobre de Quebradona; y amenaza con afectar en un futuro a la constructora Conconcreto, una de las más importantes y más antiguas de Antioquia.

Al verse afectadas, señala la congresista, también se “atrasaría la entrada en operación de Hidroituango y eso implicaría el costo de una multa gigantesca sobre EPM, que tendía que entrar en operación por la negociación que se hizo de energía”.

Para sustentarlo, recordó que esas empresas están a cargo, entre otras obras públicas y proyectos residenciales privados, de la recuperación casa de máquinas, considerado el corazón y el punto más afectado, al terminar inundado, por las irregularidades de diseño, contratación e inversión que ha sufrido el proyecto hidroeléctrico.

“Se termina paralizando Hidroituango porque así hablen de un supuesto plan B, se demorará el empalme y la adaptación de las nuevas empresas para terminar una obra que ya está tan adelantada y que además ha logrado riesgos de ingeniería y otros tan grandes”, agregó la parlamentaria, que también publicó una serie de trinos reiterando esas ideas y planteando un par más.

Para Holguín, no es claro si la decisión de la Contraloría tuvo en cuenta que al emitir esas medidas y obligar a la pausa en el proyecto también “se ponían en riesgo: empresas, empleos, obra pública, estabilidad y sostenibilidad de EPM, finanzas de Medellín, Hidroituango, comunidades”.

Lo anterior, dado que se esperaba que la hidroeléctrica pudiera comenzar a entregar energía a la red interconectada colombiana a finales de este año, e incluso poder cumplir con compromisos adquiridos antes de la tragedia del 28 de abril de 2018. De no hacerlo, recordó la senadora, podrían haber millonarias multas para EPM y problemas de seguridad energética para el país.

Adicionalmente, señaló que “Llama la atención que el auto de la Contraloría tenga fecha del 12 de abril, un día antes de que se venciera el plazo para cumplir con las versiones libres y que se hable de Plan B sin señalar sobrecostos y retrasos”, cuestión que deberá ser detallada más adelante en el proceso; y hasta replicó el comunicado emitido por Conconcreto.

En este último, la compañía señala que “no ha recibido una comunicación de embargo de la Contraloría General de la República dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el ente de control a personas naturales, contratistas y subcontratistas del proyecto Hidroituango”.

Quien si lo recibió fue Integral, por posible detrimento en el polémico proyecto. Según Blu Radio, medio que obtuvo acceso a esta determinación por parte del entre de control, la entidad ya hizo el envió de un oficio a los bancos para que se realice el embargo de las cuentas.

Este es el documento de la Contraloría en el que se ordena el embargo de una cuenta corriente y de un listado de 1doce predios de Integral S.A, empresa constructora de Hidroituango.

Además, este texto señala a 19 presuntos responsables fiscales, entre ellos se encuentra Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquia.

A su vez, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

Con respecto a este oficio por parte de la Contraloría, Empresas Públicas de Medellín afirmó por medio de un comunicado:

EPM se pronuncia sobre información que circula en medios de comunicación el día de hoy:

En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables.

EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, aclaró que la Contraloría embarga cuentas de contratistas de Hidroituango, pero en esta determinación del ente de control EPM no fue embargada. “La empresa seguirá en la construcción del proyecto, que prenderá su primera turbina en el segundo semestre del año que viene”, comunicó el funcionario.

Pronunciamiento de EPM sobre anuncio de la Contraloría General de la República relacionado con las cuentas de los contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango:

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