Ayer, miércoles 21 de abril, la canciller Claudia Blum, afirmó en la presentación del más reciente informe de la Misión de la ONU sobre el proceso de paz en Colombia frente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la existencia de disidencias debía considerarse “como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido Político”.
Hay que tener en cuenta que ya había disidentes del proceso de paz con las FARC incluso antes de que se llevara a cabo la firma del Acuerdo, y que, además, la gran mayoría de los firmantes sigue cumpliendo. Sobre esto último los representantes de varios países, presentes en el encuentro, lo destacaron.
Por otro lado, durante ese Consejo, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, insistió en el llamado a cesar las hostilidades en el país y también lamentó el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña en Caldono, Cauca.
Además del asesinato de la gobernadora del Cauca, también mencionó sobre los recientes homicidios de cuatro excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC desde que dio a conocer este último informe hace apenas dos semanas. Y, frente a esto, varios representantes de diferentes países también mostraron su preocupación por el aumento de la violencia.
Además, Ruiz Massieu agregó que: “Proteger la vida es la finalidad primordial de cualquier proceso de paz. En el caso de Colombia, la importancia de llevar a cabo acciones efectivas para lograrlo es aún más evidente ante la violencia que enfrentan las comunidades, los líderes sociales y exintegrantes de las FARC-EP. Es urgente que las políticas y medidas tomadas por el Estado – incluido el reciente Plan Estratégico de Seguridad – se traduzcan en mejores resultados, especialmente en los 25 municipios que concentran la mayor parte de esta violencia. Espero que al cierre de 2021 podamos reportar que la tendencia de estos reprochables crímenes ha sido finalmente revertida”.
El comentario de la canciller colombiana causó que en redes sociales varios congresistas y funcionarios del Estado se pronunciaran al respecto. Por ejemplo, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, por medio de su cuenta de Twitter, comentó que:
“Carta blanca para el exterminio. Es inaudito este argumento del Gobierno ante el mundo: los que negociaron y se mantienen en la legalidad (Los Comunes) son responsables de los delitos de los que le fallaron al proceso. ¿Por la senda genocida contra la UP?”.
Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México, y Gert Auväärt, Representante Permanente Adjunto de Estonia mostraron su preocupación por la ola de asesinatos en Colombia, y comentaron que:
“Reiteramos nuestra preocupación por niveles de violencia que aún permean en algunas zonas del país y por las implicaciones que representan para las mujeres, principalmente las afrocolombianas, indígenas y sus comunidades, afectadas de manera desproporcionada”, dijo Juan Ramón de la Fuente.
“Persisten retos que amenazan el éxito del #AcuerdoDePaz como el deterioro de la situación de seguridad en varias zonas del país, incluyendo el Pacífico, sumado al asesinato de excombatientes, líderes sociales e indígenas”, agregó Gert Auväär.
Y el exjefe negociador del Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, rechazó la intervención de la canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Protesto por las afirmaciones de la canciller. Pone en riesgo la vida de excombatientes que dejaron las armas y es una negación al Acuerdo. Es una provocación. Exijo retractación”, escribió de la Calle en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, cuestionó el concepto que tiene Blum sobre el cumplimiento del Acuerdo por parte de los excombatientes: “¿De modo que los que entregaron las armas y están cumpliendo, tienen que responder por los desertores? ¿A quién le cabe en la cabeza?”, insistió.
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