Alcaldes del Catatumbo se unen para pedir al Gobierno nacional que no vuelva la aspersión con glifosato

El retorno de la aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos en Colombia sigue siendo objetado por distintos sectores. Este 21 de abril, quienes se mostraron en contra de este proceso fueron los alcaldes del Catatumbo (Norte de Santander), que aseguraron que el químico representa un riesgo para la salud, el medio ambiente y el desarrollo social.

“Ningún municipio del Catatumbo tiene la capacidad humana, logística y económica para afrontar lo que puede emanar la erradicación. Sería una crisis humanitaria para los campesinos de la región, por lo que como mandatarios locales le hemos manifestado al Gobierno Nacional cambiar la estrategia y evitar la erradicación con glifosato a cambio de la sustitución de cultivos acordadas con las comunidades”, aseguró Dimar Barbosa Riobó, alcalde de Convención, a Radio Nacional.

Son siete municipios los que pertenecen a esta subregión: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú, y en todos ellos, tanto sus mandatarios como los campesinos que allí habitan, rechazan el uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos.

Desde que empezaron los rumores de volver a fumigar con el químico, varios líderes del Catatumbo señalaron que esto es un error. Ahora que el presidente Iván Duque firmó un decreto para que este proceso entre en vigencia, los afectados reiteran con más fuerza que la erradicación de cultivos ilícitos es posible siempre y cuando el mismo Gobierno se comprometa con el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Las mismas comunidades donde se cultiva coca aseguraron que no es necesario retomar esta práctica ya que están dispuestas y comprometidas con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas”.

El representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Juan Carlos Quintero, ha repetido en varias oportunidades que implementar la aspersión aérea con glifosato es atentar contra los campesinos. Él afirma que la subregión ha sido olvidada durante décadas y el Estado no los ha apoyado para mejorar el tejido social.

“El anuncio genera preocupación porque evidencia que el gobierno Duque sigue insistiendo, aún en medio de la pandemia del covid-19, en una práctica que no va a generar ningún resultado frente al problema de los cultivos de coca; por el contrario, va a profundizar la crisis económica, la crisis social y la conflictividad entre las comunidades campesinas y la fuerza pública”, expresó el representante de la ASCAMCAT a inicios de marzo.

Estas aseveraciones son apoyadas por los mandatarios de la subregión, quienes aseguran que si se fumiga con el químico, varios sectores productores del Catatumbo entrarán a paro, lo que afectaría más la economía.

Cabe recordar que, el pasado 26 de marzo los mandatarios de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Vaupés también solicitaron al Gobierno nacional detener la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato. El grupo de alcaldes del suroriente del país aseguró que avanzar forzosamente con este proceso no beneficiará a las comunidades y, por el contrario, generará más problemas.

Si bien es cierto que el polémico decreto ya fue firmado, para que este entre en vigencia debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad que en 2015 suspendió el proceso. El CNE está conformado por allegados a la administración del presidente Duque como los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación.

Con la balanza inclinada a la aprobación del programa, aumenta más el temor de los campesinos del Catatumbo, teniendo en cuenta que según lo explicado por el ministro de Defensa, Diego Molano, esta subregión sería una de las primeras zonas en las que se implementaría la aspersión con glifosato.

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