El recrudecimiento de la violencia en Colombia ha impactado fuertemente al Cauca, sobre todo en la última semana en la que se han reportado detonaciones de campos minados, fuego cruzado y asesinatos. Los civiles son quienes más sufren en esta guerra, por eso, con el fin de visibilizar estas situaciones, emprendieron una protesta llamada Caravana Fluvial Humanitaria por la Vida y la Paz, que va pasando por los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí del 19 al 23 de abril.
Este miércoles la Caravana va en su tercer día y la Mesa Étnica Territorial de Paz (METP), el Vicariato Apostólico de Guapi y Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca), grupos que la lideran aseguran que están firmes en su lucha por visibilizar la crisis humanitaria que enfrenta el Pacífico colombiano.
“Como organizaciones internacionales de sociedad civil rechazamos de manera contundente todas estas formas de violencia que se han presentado en la Costa Pacífica e invitamos al gobierno y Estado colombiano a tomar las medidas que garanticen la vida, la paz, la armonía, la identidad cultural de las comunidades en los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, así como la realización de esta Caravana que respaldamos de manera decidida” — Cococauca.
La Caravana avanza a pesar de que justo en medio de esta, el 20 de abril, las autoridades informaron que fue asesinada la gobernadora del resguardo indígena La Laguna, Sandra Liliana Peña. El hecho ocurrió en la vereda El Porvenir, adscrita al municipio de Caldono (Cauca).
Según dijo el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Ferley Quintero, la gobernadora tenía planeado viajar a la ciudad de Popayán para asistir a una reunión con el Gobierno nacional, cuando fue víctima de un atentado. Peña fue obligada por cuatro hombres armados a salir de su casa y, posteriormente, sin mediar palabra, le dispararon.
“Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, rechaza los actos violentos que agreden las estructuras de Gobierno propio y denuncian la falta de garantías para la vida y la paz que el Gobierno de Iván Duque, a través de su incompetencia para gobernar, genera en los territorios indígenas del país”, señaló el Consejo al informar el hecho.
Después de conocerse la noticia, más civiles se han sumado a esta iniciativa y exigen con más fuerza que el Gobierno nacional les de garantías para poder vivir tranquilos en sus territorios. Así mismo, se refieren a los grupos armados ilegales que operan en la zona que dejen de usarlos como escudo en medio de esta guerra en la que aseguran no tienen nada que ver.
“Queremos que haya paz. Los campesinos no somos culpables, somos víctimas del conflicto. No queremos que ningún grupo nos utilice ni se escude en nosotros” — Comunicado de las Comunidades del Cañón de Micay.
Otro de los hechos que rechazan los caucanos son los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) del frente Carlos Patiño reportados entre el 17 y 18 de abril en Argelia (Cauca). En medio del fuego cruzado también se reportó que al menos ocho civiles resultaron heridos mientras transitaban, obligados por los subversivos, por una una zona llena de minas antipersonales.
Todo el panorama violento en Cauca, solo este año, ya reporta decenas de víctimas mortales y heridos. Además, miles de habitantes de este departamento han tenido que salir forzosamente de sus casas para no verse involucrados en esta guerra.
“Hay que rodear a las comunidades de estos municipios víctimas de históricas y constantes represiones, confinamientos, desapariciones, secuestros, amenazas, intimidaciones, reclutamiento y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), combates y asesinatos”, dijo Cococauca.
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