JEP rechaza el asesinato de gobernadora nasa y le pide al Gobierno a que evalúe las políticas para proteger a los líderes sociales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este martes el asesinato de la gobernadora del pueblo Nasa, Sandra Liliana Peña, en el municipio de Caldono, al norte del departamento del Cauca.

El tribunal de paz se solidarizó con la familia y la comunidad de la lideresa del resguardo indígena La Laguna – Siberia, en el territorio ancestral Sat Tama Kiwe, donde fue asesinada por cuatro hombres armados quienes la había obligado a salir de su casa.

“Cada asesinato de un líder o lideresa social, afecta sus derechos y los de sus familias, priva a los colombianos de importantes voces de liderazgo y compromete la consecución de una paz estable y duradera”, señaló la JEP.

De igual manera, la Jurisdicción Especial reconoció el compromiso de la gobernadora por su lucha incansable por la verdad y la justicia para la paz, su trabajo por la cultura y su compromiso por recuperar e incentivar los saberes ancestrales de su pueblo, así como su determinación frente a los actores armados en el territorio.

Asimismo, recordó que las mujeres para el pueblo nasa, que habita al suroccidente del país, son las tejedoras de vida en sus comunidades, lo que representa el mayor referente de orientación y representación de la palabra cuando desempeñan los cargos de autoridad.

“La violencia paraliza procesos y fortalece la barrera de acceso a la justicia transicional. Con el asesinato de la gobernadora indígena en Cauca, se afecta directamente el trabajo de la JEP a la hora de llevar justicia, con un enfoque étnico, pero también de género, a estos territorios que históricamente han sufrido la cruzada del conflicto armado”, indicó el tribunal de paz.

En ese sentido, señaló que Sandra Liliana Peña hacía parte de las 178.217 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción y participó de manera activa de caso que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el Valle del Cauca en la que se violaron derechos humanos a las comunidades por parte de todos los actores armados.

El tribunal de paz manifestó que desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano han sido asesinados 904 líderes y lideresas en el país, según los registros de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que representan la privación de voces indispensables desde los territorios y uno de los grandes obstáculos para la consolidación de paz.

Este lunes 19 de abril, la JEP hizo una solicitud junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad a la Defensoría del Pueblo “para que realice un diagnóstico y emita una resolución que proteja la vida de los líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FRAC” en el país.

En ese sentido la Jurisdicción Especial para la Paz exhortó al Gobierno de Iván Duque a evaluar si son “suficientes, eficaces e idóneas” la políticas y estrategias que se han implementado para salvaguardar la vida de los líderes sociales en Colombia.

Las entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición entregaron este 19 de abril al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, un documento en el que le solicitan la elaboración de un informe sobre la situación de los líderes y lideresas sociales, así como excombatientes de las Farc.

Con la elaboración de dicho informe, que es más un diagnóstico sobre los ataques de líderes y lideresas sociales, que incluye las recomendaciones a las entidades competentes, se pretende crear una hoja de ruta con acciones concretas para mantener su seguridad y prevenir sus asesinatos, de acuerdo con el Sistema Integral. El objetivo es frenar el incremento de violencia denunciado por las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Se aspira a que la Defensoría del Pueblo contribuya a que las víctimas del conflicto armado no pierdan la esperanza de encontrar un espacio digno de participación en los distintos componentes y pueda garantizárseles su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y en especial a la no repetición”, se lee en un apartado del documento.

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