El pasado 19 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, 904 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas en Colombia. Lo hizo mediante un comunicado dirigido a la Defensoría del Pueblo, en el que le solicitaba a este organismo elaborar un diagnóstico que dé cuenta de esta manifestación de violencia en el país.
Un día después, Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo la Laguna, de Siberia, en el municipio de Caldono (Cauca) fue asesinada. Cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa, en el corregimiento El Pescador, para dispararle de manera indiscriminada.
En ese contexto, la lideresa social y precandidata presidencial Francia Márquez envió el martes 20 de abril una misiva a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), haciendo un llamado de acción por la violencia contra los líderes sociales, en especial porque, según ella, el Gobierno de Iván Duque no está tomando las medidas pertinentes para solventar las problemática.
En la misiva, Márquez manifestó que en las regiones que históricamente han vivido la violencia, esas mismas que pese a los Acuerdos de Paz permanecen en el olvido por el Estado, se sigue “generando devastación colectiva con los hechos de desmembramiento y tortura de los cuerpos, el desplazamiento forzado y el horror de la muerte a gran escala como parte de su angustiosa cotidianidad”.
Las manifestaciones de violencia mencionadas en la carta fueron las que llevaron a la ganadora del Premio Medioambiental Goldman 2018 a solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas atención y acción urgente “frente a las graves situaciones que vienen poniendo en riesgo la concreción de una paz estable y duradera en nuestro país”.
De acuerdo con Francia Márquez, la falta de voluntad política del gobierno de Colombia para el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz ha desembocado en una “dramática falla en la generación de garantías eficaces para la vida de las y los líderes sociales, defensores/as de derechos humanos y excombatientes firmantes”.
Acerca de los excombatientes de las Farc, el 19 de abril la JEP informó que, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, se registraron 276 asesinatos, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en el 2020 y 12 hasta el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de las víctimas (253) eran personas que comparecían ante la JEP.
Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son lo departamentos con más homicidios.
En la carta dirigida a la ONU, Francia Márquez también cuestionó la búsqueda del Gobierno por reactivar el uso del glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos:
“Al hacer prevalecer esta medida de alto impacto frente a otras políticas antidrogas que, como la regularización y la legalización, resultan más oportunas y necesarias en la actualidad, el Estado colombiano evidencia su atraso frente a las tendencias internacionales que promueven cambios drásticos en la lucha contra las drogas y que buscan generar condiciones materiales y productivas efectivas, en vez de campañas de estigmatización, frente a las poblaciones que se ven involucradas en las redes de narcotráfico”.
Solo en 2020, de acuerdo con la JEP, se documentaron 297 asesinatos de líderes sociales. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño fueron los más afectados; y en el 25 % de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales.
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