En la Comisión Quinta del Senado de Colombia fue archivado este miércoles el proyecto de ley que establece la prohibición del uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas en el país.
Con ocho votos a favor y cinco en contra fue hundido en proyecto de Ley 120 de 2020, con el que se busca preservar el derecho a la salud de los colombianos y el cuidado del medio ambiente frente a los riesgos que representa la exposición al glifosato.
“El uso del glifosato es una política equivocada, costosa e ineficiente que afecta la salud humana y los ecosistemas del país. Los autores de este proyecto seguiremos insistiendo en un cambio en la política antidrogas y en una actuación ambientalmente responsable del Estado”, aseguró el autor del proyecto, el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino.
De igual manera, el congresista de la oposición señaló que el próximo 20 de julio insistirá de nuevo, junto a los 40 parlamentarios que firmaron la iniciativa que tiene como fin proteger la integridad de las comunidades y los territorios donde hay presencia de cultivos ilícitos y en la que se implementaría esta política.
Asimismo, el proyecto de ley contempla la priorizar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y las estrategias de erradicación “con medidas de acceso a tierras y activos productivos con el objetivo de garantizar el desarrollo territorial del país”.
El debate alrededor de este proyecto de ley se realizó en medio de los anuncios por parte del Gobierno nacional de reanudar la aspersión aérea con este herbicida, que había sido suspendida por la Corte Constitucional en el 2015, la cual había determinado seis condiciones para su uso en el país.
“Los congresistas autores de este proyecto volveremos a insistir y lo presentáramos nuevamente el 20 de julio ante el Congreso de la República, Colombia merece otro enfoque en su política de lucha contra las drogas, esta debe estar enfoca al cumplimiento al Acuerdo de Paz, a la recuperación de los territorios y ser ambientalmente responsable”, indicó el senador Sanguino.
Para el retorno de la aspersión aérea, el Gobierno nacional deberá recibir el concepto por parte del Instituto Nacional de Salud (INS) sustentado en evidencia científica y el cumplimiento de los parámetros por parte de la alta corte.
Este herbicida usado en la lucha contra las drogas en el país ha sido clasificado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” y ha representado una fuerte oposición por parte de comunidades y sectores sociales por sus posibles afectaciones a la salud y al medio ambiente.
39 ONG piden suspender decisiones a favor del regreso del glifosato
El pasado 14 de abril, la Autoridad Nacional de Manejos Ambientales (Anla) aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig).
La aprobación del PMA es uno de los requisitos que en 2017 ordenó la Corte Constitucional para reactivar la aspersión y se da después de que, el 12 de abril, el presidente Iván Duque expidiera un decreto con el marco normativo para controlar el riesgo para la salud y el medio ambiente del uso del glifosato
En respuesta, 39 ONG solicitaron a la Corte Constitucional, por medio de una carta, que articule una medida cautelar de suspensión al Plan de Manejo Ambiental aprobado, pues según estas, las audiencias que se llevaron a cabo por la Anla, el pasando diciembre para dar a conocer el plan a la población, no garantizaron su participación total.
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