Condenan a exalcalde de Barbosa, Antioquia, y a su esposa por corrupción

Este 20 abril se conoció que el exalcalde de Barbosa, Antioquia, Edison García Restrepo, fue condenado a 71 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, acción, cohecho propio, peculado por apropiación pública y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La captura del otrora funcionario ocurrió el 18 de octubre de 2018 en una finca donde se encontraba con su esposa, quien también fue detenida por haberlo apoyado en los actos de corrupción.

La esposa del exalcalde Restrepo, Dubernely Jiménez, también fue sentenciada a 40 meses de prisión, pero pudo obtener libertad condicional.

La Fiscalía asegura que Edison García Restrepo, con sus actos de corrupción y actividad delincuencial, ocasionó un detrimento patrimonial superior a los $4.000 millones. Las investigaciones descubrieron que el exmandatario estaba asociado con más servidores públicos del municipio de Barbosa, con quienes conformó algunas entidades sin ánimo de lucro con las que celebraba millonarios contratos con sobrecostos, que luego iban a parar a su bolsillo.

Manos Creativas, Corpoideas, Corporación Construir Ideas y Codeiva, fueron algunas de las organizaciones que creó el criminal y en las que los representantes legales inflaron los contratos un 50 % con respecto a los originales y luego recibían el dinero, que era entregado en efectivo a García.

La Fiscalía, que pretende recuperar una parte de lo robado, embargó nueve predios y diez vehículos a García y su familia. Las propiedades del exalcalde están avaluadas en más de $6.000 millones y estaban a nombre de su esposa y testaferros que están siendo investigados.

Durante su alcaldía, los escándalos de Edison García Restrepo fueron numerosos. Según Semana, durante las elecciones que lo llevaron dirigir el municipio de Barbosa, el ahora condenado empezó con una modesta campaña, hasta debía el arriendo de la casa donde vivía y su única propiedad estaba embargada. Pero pasó a comprar fincas en el Bajo Cauca y amasar millonarios activos en una próspera zona donde la tierra es costosa.

En su momento, el mandatario respondió a la revista que los comentarios sobre corrupción y su rápido ascenso monetario eran producto de la envidia y él solo debía responder ante los entes de control.

Fue famoso porque en julio de 2017, cuando ya era alcalde del municipio, se enfrentó a varios policías que iban a cerrar un local donde estaba tomando trago. El incidente quedó grabado en un video donde se le puede escuchar diciendo: “Los cambio a todos. Si no sirven, todos se van, se van todos… Aquí no van a mandar ustedes ni por el hijueputa”, dijo García, evidentemente borracho.

Cuando fue confrontado por los medios de comunicación, el entonces mandatario dijo que el episodio surgió por un incidente entre su hermano y unas personas que estaban en el lugar.

“Unos bandidos estaban golpeando a mi hermano y yo les exigí a los policías que lo defendiera porque con ellos me manejo muy bien”, dijo en su momento el hoy condenado por corrupción.

La corrupción sigue siendo un flagelo del que es víctima el país, a pesar de las diversas normativas que se han creado para contrarrestarla y judicializarla. Así lo revelaron cifras de la Fiscalía General de la Nación publicadas el 11 de noviembre de 2020, que sirvieron como insumo para un proyecto de ley que se adelanta en el Congreso, donde se destaca que las denuncias por este delito se han incrementado en los últimos años.

“La corrupción es una de las patologías sociales de nuestro país. Además, los hechos de corrupción siempre están detrás de otros fenómenos criminales. Para cometer delitos, en la mayoría de los casos se requiere de la colaboración o del silencio de un funcionario público. Por eso, es esencial impactar los nodos de corrupción, pues esto contribuye al desmantelamiento de las organizaciones criminales”, aseguró el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, al periódico El Tiempo.

La entidad judicial revelo que, un delito como el de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales creció alrededor de un 306 por ciento, pues pasó de tener 621 denuncias en 2008, a 2.519 en 2018. De acuerdo con el mismo diario, este delito se mantuvo durante el 2019, pues según datos de la Fiscalía se presentaron 2.397 denuncias por estos casos.

En el documento, la Fiscalía también señaló el prevaricato por acción, como otro delito de corrupción en aumento. De acuerdo con la entidad, se pasaron de1.014 denuncias en 2008 a 2.891 en 2018, un incremento toral del 194 %.

“En estos nueve meses hemos imputado por corrupción durante la emergencia del covid-19 a 38 alcaldes, 3 gobernadores, 2 concejales y 12 particulares. Fuera de la pandemia imputamos a 2.207 personas, se impusieron 518 medidas de aseguramiento y logramos 625 condenas”, explicó el fiscal Barbosa, en entrevista con el periódico El Tiempo.

De acuerdo con el mismo medio, la Fiscalía en el documento relaciona “36 conductas tipificadas en el código penal y que están relacionadas con corrupción”, cada uno de estos delitos mencionados por el ente judicial, aumentó en un mayor o menor número entre 2008 y 2018, lo que resulta en un promedio de 169% en el incremento de estos delitos en el país.

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