Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas de reclutamiento de menores en 2021

Los menores víctimas del conflicto armado nacional, en todas sus expresiones, ha sido uno de los temas más sensibles a lo largo de la lucha entre el Estado y los grupos armados. Una de las principales victimizaciones de los menores, principalmente en las áreas rurales, es el reclutamiento forzado, que es descrito en las normas internacionales como utilización de niños, niñas y adolescentes.

Caracol Radio reveló el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre esa situación, en el que se alerta sobre el riesgo de reclutamiento que tienen los menores de edad en 188 municipios del país, es decir, cerca del 18% del territorio nacional.

El informe contempla los tres primeros meses del mes de abril, con corte al día 17, y describe la situación del reclutamiento forzado desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

El documento fue elaborado por la Delegada para la Prevención de Violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, dependencia de la Defensoría del Pueblo que se encarga de monitorear y emitir Alertas Tempranas sobre las situaciones de peligro y riesgo para la población civil.

“Desde el año 2017 se han emitido 204 alertas tempranas, de las cuales 161 han identificado riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización. Lo cual implica que en un 78,9% de las situaciones de riesgo identificadas por la Defensoría, se ha advertido riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”, afirma el documento revelado por la emisora Caracol Radio.

Para el año 2020, según el documento, se emitieron 46 alertas tempranas sobre reclutamiento forzado y, con corte al 17 de abril de 2021, la entidad ha emitido siete alertas, de las cuales cinco corresponden a la utilización de menores de edad por parte de actores armados.

Las alertas del presente año se emitieron para los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada, que cobijan a 18 municipios. Según las advertencias, los grupos que amenazan a los menores son numerosos, desde las disidencias de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el EPL, aparecen también La Mafia, Sinaloa, Los Niches, Los Cobra, Los Espartanos y La Local.

“Adicionalmente, comprendiendo que no todas las dinámicas de violencia y afectaciones a los derechos humanos provienen exclusivamente de grupos relacionados con el conflicto armado, y conscientes que hay estructuras que actúan especialmente en función de la explotación de economías ilegales y cuyas estructuras y formas organizativas son dinámicas, se caracterizan también a los “Grupos Armados de la Delincuencia Organizada” como fuentes de riesgo en otros escenarios o manifestaciones de violencia fuera del conflicto armado. En dicha calificación encontramos estructuras como Las Águilas Negras, Los Rastrojos, La Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los Costeńos, Los Pachelly, entre otros”, se lee en el documento.

Con base en las alertas del año pasado, la entidad advirtió reclutamiento forzado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Sin embargo, la situación de riesgo no se circunscribe únicamente a esos territorios.

En realidad son 188 los municipios que presentan riesgo de reclutamiento forzado de menores. “En los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Córdoba, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Atlántico, Meta y Vaupés y en la ciudad de Bogotá, se advirtió riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de estructuras del crimen organizado”, advierte el informe.

Solo durante el aislamiento estricto del 2020, que se extendió desde el 17 de marzo de hasta el mes de septiembre del año pasado y contó con el cierre de los colegios, la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país.

Esos casos se concentraron en Caquetá (21), Cauca (19), Putumayo (8), Arauca (6), Chocó (4), Amazonas (3), Córdoba (3), Huila (2), Meta (2), Vichada (2), Nariño (2) y en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima se presentó uno en cada uno. Causa curiosidad que en el informe no aparezca el departamento de Guaviare, donde según el periodista Hollman Morris hay 12 menores presuntamente reclutados, una de ellas muerta en un bombardeo del Ejército.

“El 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales. Las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33% son menores de 14 años y un 59% son hombres (49 casos). Además, 20 son indígenas y 2 afrodescendientes”, señala el informe.

A parte de reclutamiento, también se han identificado otros delitos contra menores como desplazamiento forzado en 18 casos, amenazas en 16 situaciones, tres desapariciones forzadas, dos violaciones sexuales y dos lesiones personales.

Sobre las dinámicas para reclutar a los menores a sus filas, la Defensoría advierte que son los indígenas, afrodescendientes, poblaciones en lugares de alta presencia de cultivos ilícitos y en zonas fronterizas, quienes presentan mayor riesgo de terminar cooptados por los grupos armados ilegales.

“En algunos territorios apartados, los NNA deben caminar largos trayectos para llegar a escuelas e internados para asistir a clases, donde en muchos casos se encuentran con la falta de docentes y de personal idóneo para su cuidado, instalaciones deficientes para su acogida, entre otras precariedades. En estos trayectos los NNA son abordados por miembros de grupos armados al margen de la ley que utilizan el discurso de la inoperancia institucional para convencerlos de la opción militar, como la única salida a la situación de pobreza y abandono por parte del Estado”, advierte del documento.

Así mismo, los armados ofrecen falsas expectativas de trabajo o retribuciones económicas como solución a sus profundas carencias; los convencen de estatus con el uso de armas y supuestas posiciones de poder o incluso los obligan por medios de amenazas a las familias.