Ponente retira proyecto de ley que regulaba la consulta previa que afectaba comunidades indígenas, rom y afro

Este 18 de abril se conoció que la propuesta de proyecto de ley que regulaba el derecho fundamental a la consulta previa fue retirada para ser socializado con pueblos indígenas, afros y rom.

Fue el preséntate David Ernesto Pulido, de Cambio Radical, autor y coordinador del proyecto de ley, quien envió una carta a Alfredo Deluque, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, en donde anuncia la revisión del documento.

Este proyecto de ley ya se había discutido el pasado 12 de abril y, en ese momento, al menos 40 organizaciones ciudadanas, académicos y voceros de pueblos indígenas, rom y afros dijeron que el proyecto era un “atentado contra la democracia”.

Congresistas como Ángela María Robledo, Juanita Goebertus y Luis Alberto Albán expresaron en su momento preocupación por el proyecto de ley, asegura El Espectador. Según dijeron en esa ocasión que, el proyecto “paradójicamente no fue consultado con los pueblos indígenas, afro y rom”.

Feliciano Valencia y Abel Jaramillo aseguraron que esta ley que pretende “reglamentar la consulta previa sin respetar ni garantizar, justamente, este derecho fundamental y autónomo de los pueblos y comunidades étnicas. Esta es la tercera ocasión en la que el mismo proyecto de ley es radicado a lo largo del cuatrienio actual, sin dar oportunidad para dialogar, proponer, controvertir y concertar esta iniciativa, es decir, sin el debido ejercicio del derecho de Consulta previa, libre e Informada de medidas legislativas”

Los congresistas del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social Feliciano Valencia, senador, y Abel Jaramillo, representante a la Cámara, se encuentran liderando la recolección de firmas para rechazar el proyecto de ley estatutaria N° 442 de 2020, por el cual se regula el derecho a la consulta previa y se dictan otras disposiciones.

La ley estatutaria N° 442 de 2020 tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa, regular su ejercicio, determinar su alcance y definir las responsabilidades y obligaciones que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre medidas, tanto legislativas como administrativas, o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

Por medio de la cuenta de Twitter de Comisión Étnica PAZ, presentaron el documento en el que se explica el porqué de la recolección de firmas: “Expresamos nuestra voz de rechazo ante este nuevo intento de tramitar un proyecto de ley que pretende reglamentar la Consulta Previa sin respetar ni garantizar, justamente, este derecho fundamental y autónomo de los pueblos y comunidades étnicas”.

Desde el Congreso de la República se pretende realizar algunas modificaciones a este estatuto que, a simple vista, no se ven grandes cambios, pero que, como explicó por medio de un documento público Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, “lo que buscan sus promotores del proyecto es legalizar su banalización completa para permitir inversiones y en particular megaproyectos que siempre han invocado e invocarán como prioridad ante la propiedad privada colectiva de pueblos étnicos, e incluso por encima del derecho a su existencia”.

En octubre de 2018 se presentó, por primera vez, este proyecto se llevó al Congreso como un proyecto de ley ordinaria. Pero esto no tuvo luz ver para ser radicado, lo que sucedió fue que la iniciativa resultó archivada. Algo parecido se dio el próximo año, 2019, pero con la diferencia de que emitió como ley estatutaria. Y, luego de esto, dicha ley continuó careciendo de lo fundamental: “la garantía del derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado”.

De acuerdo con información del documento presentado por González Posso, la ley estatutaria pretende regular la consulta la cual cuenta con vacíos. “El carácter truculento de este proyecto está asociado al supuesto de que el objetivo es hacer obras o aprobar normas que chocan con los derechos de los pueblos para lo cual lo central es establecer el procedimiento de toma de decisiones sin acuerdo con las comunidades, sin consulta, ni consentimiento. Por eso le dedican tanta letra menuda a lo que llaman el Test de Proporcionalidad que sigue a la interrupción del proceso de consulta cuando los representantes de los pueblos étnicos implicados deciden retirarse o hay conflictos de representación”.

Por medio de la cuenta de Twitter de Indepaz, su director trinó: “¿Porqué quieren acabar con el derecho fundamental a la consulta para el consentimiento previo de los pueblos indígenas y negros? La legalización de otro saqueo”.

Dentro de esta recolección de firmas se sumaron las voces de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, y la Confederación Indígena Tairona, CIT, entre otras.

Tanto los dos militantes del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social como las organizaciones mencionadas piden cuatro cosas:

Primero, que se suspenda su trámite legislativo; segundo, que el proyecto de ley sea retirado; tercero, que en lo sucesivo se garantice y respete el derecho al debido proceso en lo concerniente al trámite de medidas legislativas y administrativas sobre este derecho fundamental; y, por último, que sean los titulares del derecho a la Consulta Previa los interlocutores directos para abrir cualquier discusión sobre su eventual regulación, con miras a salvaguardar su esencia como derecho fundamental.

“Es por ello por lo que sentamos nuestra voz de rechazo ante este nuevo intento de tramitar un proyecto de ley que pretende reglamentar la Consulta Previa sin respetar ni garantizar, justamente, este derecho fundamental y autónomo de los pueblos y comunidades étnicas. Esta es la tercera ocasión en la que el mismo proyecto de ley es radicado a lo largo del cuatrienio actual, sin dar oportunidad para dialogar, proponer, controvertir y concertar esta iniciativa”, explicaron los congresistas de la Circunscripción Especial Indígena y organizaciones étnicas del país.

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