La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas y la Comisión de la Verdad (Sistema Integral) entregaron este 19 de abril al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, un documento en el que le solicitan la elaboración de un informe sobre la situación de los líderes y lideresas sociales, así como excombatientes de las Farc.
Con la elaboración de dicho informe, que es más un diagnóstico sobre los ataques de líderes y lideresas sociales, que incluye las recomendaciones a las entidades competentes, se pretende crear una hoja de ruta con acciones concretas para mantener su seguridad y prevenir sus asesinatos, de acuerdo con el Sistema Integral. El objetivo es frenar el incremento de violencia denunciado por las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Se aspira a que la Defensoría del Pueblo contribuya a que las víctimas del conflicto armado no pierdan la esperanza de encontrar un espacio digno de participación en los distintos componentes y pueda garantizárseles su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y en especial a la no repetición”, se lee en un apartado del documento.
La solicitud presentada a la Defensoría del Pueblo incluye: una descripción del contexto que motiva la petición, la afectación al Sistema Integral (Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas y la Comisión de la Verdad) y contenido sugerido del informe.
Basados en cifras proporcionadas por Indepaz, Somos Defensores y la JEP, en el documento emitido se señala que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, 904 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas.
“Solo en 2020 se documentaron 297 casos. Los departamentos de Cauca, Antioquia y Nariño son los más afectados. En el 25% de los municipios del país (280) se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales, y en 17 de estas zonas se concentra el 32% de los casos”, documentó la la JEP.
Preocupa también que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, se hayan registrado 276 excombatientes de las Farc asesinados, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en el 2020 y 12 hasta el 28 de febrero de 2021. El 92 por ciento de las víctimas (253) eran personas que comparecían ante la JEP; Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander son lo departamentos con más homicidios.
Además de estas cifras, explicó la JEP, hay reportes de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, 8 secuestros, 2 desapariciones y 2 actos de tortura, consumados entre 2016 y 2021.
“La violencia aterroriza. Este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato. Por eso el sistema exige una acción eficaz e inmediata del Estado, no retórica, para poner término a este designio letal (...). Puede convertirse en muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas y comparecientes enderezadas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, sostuvo durante la presentación del informe a la Defensoría del Pueblo, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Lo que se espera, tras la solicitud a la Defensoría del Pueblo, de elaborar un informe que dé cuenta de la magnitud de las violaciones de derechos humanos contra los líderes sociales, es que este organismo emita una Resolución Defensorial; así, pues, las entidades competentes de orden nacional deberán articularse para ponerle fin a los actos de violencia, que van desde la amenaza hasta el asesinato.
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