Iván Cepeda interpone queja contra el defensor del Pueblo por irregularidades en contratos

Escándalos por paramilitarismo, corrupción, acoso laboral y maltrato físico y psicológico son algunas situaciones a las que estarían vinculados algunos directivos de la Defensoría del Pueblo, según el senador Iván Cepeda. Estas presuntas irregularidades fueron usadas por el político para interponer una queja, este lunes 19 de abril, ante la Procuraduría y Contraloría General de la Nación contra el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien habría nombrado a las cuestionadas personas en sus cargos dentro de la entidad.

“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección”, informó Iván Cepeda a través de un comunicado de prensa.

El senador explica que su solicitud ante la Procuraduría es principalmente una queja disciplinaria. Cepeda señala que, hay quince nuevos funcionarios que, además de ser cuestionados por su integridad, también continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático. Para el congresista, Camargo ha politizado la Defensoría y por eso quiere que se investigue si para el defensor “primó la filiación política por encima de los requisitos exigidos por la ley”.

Entre las quince personas que no cumplirían los requisitos para ejercer las funciones de defensores Regionales y Delegados están José Augusto Rendón García, defensor Regional en Urabá, señalado de asesorar a empresarios vinculados con paramilitarismo; Andrés Felipe Villamizar Ortiz, nombrado defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales, quien además de no tener experiencia en este campo, también tiene denuncias por maltrato físico y sicológico;

Wilson Alberto Núñez, defensor Regional de Bogotá, quien no tendría experiencia acreditada para el ejercicio de sus funciones; e Ibeth Tobías Ahumada, defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, quién habría hecho parte de la estructura política del excongresista Rodrigo Roncallo, investigado por parapolítica.

En cuanto a la denuncia en la Contraloría, Cepeda explica que esta es necesaria, ya que al contratar personas que no cumplen con las normas se está haciendo un mal uso de los recursos públicos. El congresista asegura que, serían al menos once contratos directos de prestación de servicios, cuyo valor supera los 243 millones de pesos, los que no cumplen los requisitos.

“Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado”, dijo Cepeda.

Entre algunos de los contratos a investigar por la Contraloría se encuentran los suscritos con: Jorge Arturo Moncada Rojas, yerno del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez; Miller Jesús Soto Solano, precandidato a la Gobernación de La Guajira por el Centro Democrático, cuestionado por haber realizado afirmaciones estigmatizantes contra los líderes sociales; Eduardo Carmelo Padilla, excandidato a la Gobernación de Córdoba y presuntamente involucrado en el desfalco del ‘cartel de la salud’ en Córdoba.

Así como, la contratación con Cielo González Villa, exalcaldesa de Neiva y exgobernadora del Huila, sancionada por la Procuraduría por el manejo irregular de 3.500 millones de regalías petroleras mientras administró la capital del departamento (2004-2007) y cuyo esposo, Germán Trujillo, fue condenado por haberse apropiado de multimillonarios recursos pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Santander.

Adicionalmente, en su comunicado Cepeda reveló que en la Defensoría del Pueblo se instaló una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con presencia permanente de miembros del Ejército. Según los funcionarios, esta situación es una amenaza a su autonomía e independencia, y un mecanismo de coacción para quienes documentan situaciones de vulneración de derechos humanos en los que podrían participar miembros de las fuerzas militares.

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