Corte Suprema de Justicia ratificó condena de nueve años de prisión contra juez sentenciado por desfalco a Telecom

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de nueve años de prisión contra el juez prosmicuo del municipio de Momil (Córdoba), Gustavo Jaime Padilla Martínez por fallar de manera irregular a acciones de tutela para ordenar el reconocimiento de pensiones y prestacionales a extrabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom- pese a que no cumplían los requisitos de ley. La situación terminó en el desfalco al patrimonio remanente de la entidad.

Durante el juicio, la Fiscalía General de la Nación demostró que el entonces juez, en 2009, amparó el derecho al mínimo vital de 19 exfuncionarias de la liquidada de Telecom de forma irregular y, mediante tutela, señaló que debían ser incluidas en el Plan de Pensión Anticipada.

“... lo hizo mediante tutelas que debieron ser incluidas en el plan de pensión anticipada y muchas de ellas sin el lleno de requisitos legales”, señaló el ente acusador.

Es así que a los accionantes, muchos de ellos de otras poblaciones y regiones, les pagaron mesadas atrasadas con un retroactivo de seis años y otros conceptos prestacionales a los que no podían acceder. Para la Fiscalía, esta actuación representó una indebida apropiación de recursos del Estado por 196 mil millones de pesos.

El funcionario judicial fue sentenciado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. La Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata para que cumpla su sentencia en un centro carcelario.

Por estos mismos hechos fue condenada a 76 meses de prisión la también juez promiscuo de familia del Circuito de Lorica, Córdoba, Blanca Rosa Ramos Correa, quien en segunda instancia, el 27 de noviembre de 2009, confirmó las tutelas falladas por Padilla Martínez.

En el 2009, la entonces ministra de las TIC, María del Rosario Guerra, señaló que ex trabajadores de las extintas Telecom y sus teleasociadas, cobraron a través de tutelas acreencias laborales inexistentes $100 mil millones entre el 2007 y 2009, en Antioquia, Córdoba y Bolívar.

“Asesorados por abogados, y con el beneplácito de los jueces, los ex funcionarios han logrado llenar sus bolsillos al cobrar fraudulentamente pensiones sin el lleno de los requisitos legales, indemnizaciones que ya habían sido canceladas y, más irregular aún, el pago doble e ilegal en virtud de acciones de tutela alegando el derecho a la igualdad”, dijo Guerra.

En la mayoría de los casos detectados se trata de antiguos profesionales y trabajadores técnicos que aunque residen en distintas ciudades. Los hechos de corrupción se dieron cuando los extrabajadores presentaron procesos en un mismo juzgado por las mismas pretensiones y hechos que ya habían sido demandadas con anterioridad, circunstancia que para algunos expertos en derecho procesal denota una grave irregularidad, ya que los jueces debieron haberse declarado inhibidos para fallar, con sólo consultar la base de datos de la entidad demandada para verificar que los pagos reclamados ya habían sido efectuados.

Según detalló Mintic en ese momento, el 90% de las tutelas fueron falladas a favor de los peticionarios, que en muchos casos no cumplieron con los requisitos para reclamar pensiones o acreencias. En ocasiones los jueces ordenaron, por medio de embargos judiciales a las cuentas del Ministerio, pagos por más de $500 millones.

SEGUIR LEYENDO