Acusan de homicidio a empresario y propietario del Unión Magdalena

Tras la revisión de múltiples pruebas y testimonios, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos estableció que, el empresario Eduardo Enrique Dávila Armenta, sería el responsable intelectual del homicidio del juez penal especializado de la ciudad de Santa Marta del departamento de Magdalena, Javier Alfredo Cotes Laurens, ocurrido en diciembre de 2001.

Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el acusado presuntamente pidió la ejecución de la muerte del funcionario a ‘Los Chamizos´ a cambio de seguridad y favores financieros. La banda de sicarios estaba al servicio de los jefes paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El ente investigador, sostiene que la orden de este asesinato, se dio luego de que el juez condenará a Dávila a 10 años de prisión por tráfico de estupefacientes y hubiera ordenado la extinción de dominio a una de sus propiedades en Bahía Concha como forma de venganza.

El día que el juez fue asesinado, uno de los sicarios de ‘Los Chamizos’ llegó hasta el barrio Santa Elena (ahora conocido como Ciudad Equidad) y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte, mismo modus operandi que uso en el homicidio de Carmen Vergara Díaz.

El ente acusador mantuvo la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Eduardo Dávila Armenta y lo acusó del delito de homicidio agravado. Este proceso se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). Dávila Armenta permanece recluido en la cárcel El Bosque de Barranquilla, cumpliendo una condena de 34 años por el homicidio de su esposa Carmen.

La relación de Dávila con el crimen se remonta a mediados de los noventa, cuando el 16 de abril de 1994, a las cuatro de la tarde ocho hombres del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Regional le llegaron a su palco en el estadio Eduardo Santos y lo detuvieron, según información del portal de las 2 Orillas.

Luego de su detención fue trasladado hacia Barranquilla, donde sería la audiencia para luego enviarlo a la cárcel del Bosque. Allí un juez sin rostro lo requería porque en una cabaña suya en la playa de Villaconcha, le habían encontrado 1.900 kilos prensados de marihuana. Por este crimen de narcotráfico fue condenado a 10 años.

Por este en 1997, Parques Naturales aplicó la extinción de dominio y se quedó con el terreno y la cabaña donde encontraron la marihuana y en agosto de 2003, la Fiscalía General de la Nación pidió a un juez que aplicara la misma medida al 25% de las acciones de Dávila en el quipo Unión Magdalena.

En el 2009 se confirmaron, además, los rumores de su cercanía con los paramilitares de la Sierra liderados por Hernán Giraldo, alias ‘Taladro’ y todo tipo de negocios salpicados de ilegalidad. Ya que Giraldo testificó ante la justicia, que Dávila Armenta y su hermano gobernador del departamento del Magdalena José Domingo, habían participado en reuniones con paramilitares, como parte de la parapolítica, para cuadrar las elecciones y ejercer presión sobre electores en ciertas zonas, eligiendo así a candidatos de su predilección.

Pero su lista de crímenes no terminaría ahí, pues cuando estaba a punto de dejar la cárcel en 2011, la justicia colombiana determinó que, Eduardo Dávila ordenó el asesinato de su esposa, Carmen Vergara Díaz Granados, conocida como “La nena Vergara”, sobre la vía que conecta a Santa Marta con el sector contiguo conocido como El Rodadero, inmediaciones del cerro Ziruma. La mujer fue interceptada por sicarios quienes le propinaron varios disparos que provocaron su muerte inmediata. Por este crimen el juzgado 1 especializado de Medellín lo condenó a 34 años en prisión.

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