Durante 15 años no podrá ejercer cargos públicos el sargento Juan Carlos Díaz, comandante del pelotón del que formaban parte 7 soldados que fueron hallados responsables de abusar de una menor indígena de 12 años de la comunidad Embera del corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico (Risaralda) en junio de 2020.
La revista Semana obtuvo el fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación en la que además de Díaz se sancionó a dos suboficiales más: los cabos terceros Jáider Enrique Muñoz (8 años de sanción) y Camilo Hernández (10 años de sanción) quienes fueron hallados responsables infringir el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al permitir que los soldados permanecieran en el colegio Pío XII durante 11 días.
Esa institución educativa se encuentra en las inmediaciones del sitio en el que la menor indígena fue abusada por los soldados que estaban a cargo del sargento Díaz, según informaron en Semana.
En ese medio indicaron que el procurador que llevó el caso consideró como una falta gravísima que los uniformados permanecieran en las instalaciones de ese colegio, ya que se violaron los convenios de Ginebra que prohíben expresamente que los militares se ubiquen en una institución educativa al considerarse que así se pone en riesgo a la población civil.
En el fallo de la Procuraduría se señala también que el sargento Díaz mintió a sus superiores con la información de las coordenadas en las que se encontraba su pelotón la noche en la que la menor indígena fue abusada.
Pero también evidenciaron que había mentido también al reportar coordenadas diferentes a donde estaba la escuela y que incluso se intentó desparecer evidencia sobre ese hecho.
La decisión de la Procuraduría fue apelada, reseñaron en Semana, por los suboficiales, puesto que según ellos no corresponden a la investigación que les llevaban inicialmente.
Esos uniformados desde que ocurrió este hecho, han considerado como injusto que el Ejército los haya destituido luego de denunciar el caso de abuso de la menor embera y que con esa sanción las Fuerzas Militares intentaban demostrar resultados al ser un caso tan mediático.
El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, sin embargo, señala que las investigaciones disciplinarias internas de esa institución evidenciaron que hubo faltas de mando y control por parte de los suboficiales, reseñaron en Semana.
Pero dicha determinación, explicaron en la revista, fue respaldada por la misma Procuraduría en la investigación que llevaron por su cuenta.
La revista consultó con el rector del colegio Pío XII, Alexander Mena, quien aseguró que esa institución educativa se ubica en medio de potreros donde la única edificación es la vivienda en la que se señala que los militares abusaron de la menor.
El rector sostuvo que en esa época no tuvo contacto con los militares porque había iniciado la pandemia, por lo que en el colegio solo permanecían dos vigilantes.
“Yo solo sé lo que mis vigilantes me cuentan, que los militares nunca se quedaron en las instalaciones del colegio, que se ubicaban en los potreros cercanos, se la pasaban en el que queda arriba de la escuela, a unos 300 metros aproximadamente”, dijo en la revista.
El rector reconoció, según Semana, que autorizó que los soldados entraran ocasionalmente al colegio para que pudieran recargar los celulares, tiempo en el que los uniformados podían descansar.
“Yo no iba a dar un permiso para que se instalaran ahí, sé que eso está prohibido, pero sí dejaba que utilizaran el tomacorriente, siempre y cuando me dejaran todo ordenado, sin basura ni nada”, agregó el rector.
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