Las autoridades de los municipios que conforman el Catatumbo (Norte de Santander Santander) manifestaron su preocupación, este 15 de abril, por la situación de orden público que atraviesa la subregión. Durante esta semana del mes se han reportado seis asesinatos, de los cuales tres tuvieron lugar en el casco urbano y las zonas rurales de Tibú. Aunque son casos individuales, no se descarta que estos tengan alguna conexión entre sí.
La Personería de Tibú asegura que los hechos violentos en el municipio habían estado bajando, “pero infortunadamente se han incrementado los homicidios” en las últimas horas. Ante el hecho, la entidad pidió más presencia estatal para controlar la situación.
“Veníamos en una aparente calma y nuevamente se presentan estos hechos que rechazamos y por los cuales le hemos pedido a las autoridades poner su mirada en el municipio. Estamos en verificación, pero sabemos que todos los fallecidos son civiles y oriundos de diferentes partes del municipio”, dijo Jhon Ascanio, personero de Tibú, a Caracol Radio.
El asesinato más reciente ocurrió el 14 de abril en la vía que conecta los corregimientos Campo Dos y Petrólea, adscritos a Tibú. En ese lugar fue atacada una mujer cuya identidad no ha sido revelada, pero se presume que es venezolana. Los victimarios la impactaron con varios balazos y una vez murió le dejaron un letrero en su pecho en el que se leía “por ladrones y expendedores de droga”.
Algo similar sucedió el lunes (13 de abril), cuando criminales asesinaron a bala a otro hombre que no se ha identificado en el sector Las Curvas, en la vereda Versalles. Sobre el cadáver de la víctima las autoridades también encontraron un letrero en el que se leía “se ajustició por ladrón”.
Aunque no se tienen muchos detalles, se sabe que otra persona también murió en el municipio El Tarra y los victimarios le dejaron un letrero sobre su pecho: “se murió por vicioso y expendedor”.
Los cuerpos de las dos primeras víctimas mencionadas fueron levantados por miembros de Medicina Legal, quienes aseguran que además de los letreros similares, estas personas tenían tatuajes en el antebrazo de una de sus extremidades. Las autoridades están estudiando si estas son coincidencias o si, de alguna manera, esto podría señalar un vínculo entre los homicidios.
La Policía Nacional asegura que ya está al frente de la situación para determinar qué está pasando en Norte de Santander y tratar de detener los asesinatos. Según información de RCN Radio, el coronel Óscar Mauricio Rico, subcomandante de la Policía de ese departamento, se trasladó recientemente hasta Tibú “con el objetivo de investigar las causas y autores de las muertes registradas en las últimas semanas”.
Las primeras hipótesis indican que los homicidios pueden estar relacionados con venganzas de grupos armados ilegales que operan en la zona contra personas que se dedican al microtráfico o de quienes, por el contrario, denuncian este tipo de actividades en el Catatumbo.
En la subregión hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el ‘Clan del Golfo’, el grupo narcoparamilitar ‘Los Caparros’, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Ellos se disputan el territorio porque este es un corredor estratégico para desarrollar actividades relacionadas al narcotráfico, no sólo en cuanto a la distribución, sino también al cultivo de los ilícitos.
Los campesinos del Catatumbo son víctimas de los subversivos que los amedrentan a través de diferentes modalidades de violencia. Algunos de estos son ataques indiscriminados, en los que corren riesgo tanto los adultos como los menores de edad. Estas personas están expuestas a caer en el reclutamiento forzado, trabajos comunitarios obligatorios y ser víctimas de extorsiones. En ocasiones, los pueblos también son sometidos a confinamientos y tienen limitaciones en el acceso a los servicios básicos.
A estos problemas, recientemente también se le suma la noticia del reciente decreto firmado por el presidente Iván Duque para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato y así erradicar los cultivos ilícitos.
Los afectados aseguran que no es necesario retomar esta práctica ya que están dispuestas y comprometidas con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas” siempre y cuando el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y el proceso se haga conforme a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz. La propuesta es que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para erradicar los cultivos tranquilamente y todos se vean beneficiados.
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