Subversivos presionan a comunidades nariñenses para que soliciten al Ejército abandonar los territorios

Cada vez que se reportan enfrentamientos entre grupos armados en el país, las comunidades piden la presencia de militares en los territorios, pero este jueves 15 de abril, pasó lo contrario. Según las autoridades, los civiles de la vereda San Luis, adscrita a Magüí Payán (Nariño) se acercaron a miembros del batallón número dos de la Brigada Sexta del Ejército Nacional para pedirles que se retiraran de la zona. Los uniformados aseguran que estas personas actuaron presionadas por subversivos que se disputan el territorio.

“Se trata de unas comunidades que han venido a presionar a las tropas que tenemos desplegadas en ese sector con el ánimo de sacarlos de ahí y poder transitar libremente alcaloides por el río Patía que pasa por allí y es usado por el narcotráfico”, explicó el general Nayro Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, a RCN Radio.

Las autoridades explican que, actualmente en Magüí Payán operan varios grupos al margen de la ley, pero quienes oprimen más a la comunidad son disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Los subversivos, unos de la estructura Franco Benavides y otros del bloque occidental Alfonso Cano, se disputan entre sí la zona para poder ejecutar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Este territorio es clave para delinquir con drogas por su ubicación, ya que San Luis está ubicado en la ribera del río Patía y tiene caminos que conducen a municipios como Policarpa y Cumbitara, ubicados en la cordillera occidental de Colombia. Así mismo, se destaca que Magüí Payán limita al norte con Olaya Herrera, otro municipio nariñense que está ubicado sobre el océano Pacifico, lo que permite sacar los cargamentos de estupefacientes de manera más rápida.

Teniendo esto en cuenta, los subversivos usualmente amedrentan a la comunidad para que los ayuden en sus objetivos delincuenciales a cambio de no atentar contra ellos. Hay que recordar que quienes habitan en este sector son víctimas de diferentes modalidades de violencia. Algunos de estos son ataques indiscriminados, en los que corren riesgo tanto los adultos como los menores de edad. Estas personas están expuestas a caer en el reclutamiento forzado, trabajos comunitarios obligatorios y ser víctimas de extorsiones. En ocasiones, los pueblos también son sometidos a confinamientos y tienen limitaciones en el acceso a los servicios básicos.

Las comunidades tienen muy pocas alternativas a la hora de salvar sus vidas, por eso los criminales aprovechan la situación y dentro de sus peticiones está que los civiles alejen a la fuerza pública.

“Les incomoda la presencia de las tropas en esos sectores lo que termina en que presionen a las comunidades para que vayan a enfrentar a la fuerza pública y tratan de sacarlos del sector, ellos los presionan, los sacan de sus casa los llevan a donde estarán las tropas eso es lo que hacen”, explica el general Martínez.

Por el momento, y con conocimiento de que los civiles actúan bajo presión, el Ejército decidió retirarse de la zona, pero están pensando en posicionar las tropas en otro punto del mismo sector. De esta forma aseguran que evitarán inconvenientes con la comunidad pero seguirán manteniendo la soberanía en el territorio y podrán controlar a los criminales.

“Preferimos hacer un reposicionamiento de las tropas para evitar la confrontación con la población”, concluyó el general Martínez.

Cabe mencionar que, actualmente este no es el único problema que tiene esta comunidad, pues todos los campesinos e indígenas del Pacífico nariñense están manifestándose en contra del reciente decreto firmado por el presidente Iván Duque para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato y así erradicar los cultivos ilícitos.

Los afectados aseguran que no es necesario retomar esta práctica ya que están dispuestas y comprometidas con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas” siempre y cuando el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y el proceso se haga conforme a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz. La propuesta es que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para erradicar los cultivos tranquilamente y todos se vean beneficiados.

SEGUIR LEYENDO: