En medio de la indagación sobre los aportes económicos a la campaña presidencial del senador Gustavo Petro en 2018, se habría radicado una ponencia en el Consejo Nacional Electoral por parte del magistrado Renato Contreras.
Hasta el momento no se conoce el contenido del texto que tendrá que ser discutido por los magistrados, pero el hecho ya despertó la indignación del senador y entonces candidato presidencial de la Colombia Humana.
“¡Atención! Esta denuncia debe tener toda la resonancia internacional. Integrante del uribismo en el Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras pide mi inhabilidad política por recibir dineros prohibidos en campaña. Los dineros son 300.000 pesos de dos maestras, según él mismo”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
El magistrado Renato Contreras le dijo a Infobae Colombia: “Se radicó una ponencia en relación con el tema, no dice lo que señala el trino, pero no puedo dar más detalles”.
En ese sentido, habría una decisión del magistrado que decidió abrir la investigación al senador Gustavo Petro, que tendrá que ser revisada por los miembros del CNE en sala, la próxima semana.
De acuerdo con W Radio, que conoció el texto, la ponencia propone una sanción de 14 millones de pesos en contra de Petro por los dineros recibidos y sanciona también a la gerente de la campaña Blanca Inés Durán y Dylan Fabián Fragua. La decisión podría tener implicaciones penales, señaló el periodista Lucas Pombo.
El CNE formuló cargos en contra de Gustavo Petro en julio de 2020, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2018, debido a que habría recibido dineros de funcionarios públicos, quienes están inhabilitados para aportar a esos procesos electorales.
La indagación se inició por una denuncia que señalaba a una empresa venezolana de haber aportado dineros a la campaña. Las autoridades electorales no encontraron evidencia de ese hecho, pero en medio de la investigación hallaron que tres funcionarios públicos aportaron dineros a la campaña de Petro.
Se trata de tres profesores que aportaron, al parecer, poco más de 300 mil pesos a la campaña. Bertha Isabel Bravo Reyes quien era docente en Cartagena; Sandra Mónica Salazar que se desempeñaba como profesional universitario de la Contraloría General de la Nación y Gonzalo Pérez Buitrago, funcionario de la Universidad Pedagógica Nacional.
En el momento de la imputación, el senador Petro cuestionó la investigación y señaló que era una “persecución política” porque, según él, Bertha Bravo donó 95.000 pesos.
“No le abren a Duque investigación por los dineros del ñeñe y si el CNE le pide a la Fiscalía que le abra investigación penal a una maestra humilde porque donó $95.000 a mi campaña. Esto debe ser conocido en el mundo entero”, señaló el senador en el momento de la apertura de la investigación.
Dentro de la investigación también se encuentran vinculados el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) que avaló la candidatura de Petro en 2018 y la directora Martha Peralta Epieyú.
El magistrado Contreras agregó a este medio que encuentra una “similitud con el caso del candidato de Morena a la gobernación de Guerreros en México, en donde se intentó amedrentar al INE, ya empezaron los ataques por redes”. Se refiere al candidato Salgado Macedonio a quien la autoridad electoral mexicana le canceló la candidatura por denuncias de violación en su contra.
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación contra Gustavo Petro por el video que fue revelado en el Congreso por la senadora Paloma Valencia el 27 de noviembre de 2018, en el que se ve al líder de la oposición recibiendo varios fajos de billetes, que posteriormente mete en una bolsa plástica.
El escándalo, que se conoció como el “Petrovideo”, llegó hasta el CNE, que abrió una investigación para revisar si ese dinero fue entregado con motivo de la campaña electoral que adelantó en 2018 el hoy senador, para ser presidente de Colombia.
“El señor Juan Carlos Montes Fernández, único testigo de lo ocurrido en la reunión con el doctor Gustavo Petro Urrego, señaló que los dineros que entregó correspondieron a la financiación de una de dos campañas electorales que se llevarían a cabo entre los años 2005 y 2006″, dijo la autoridad electoral.
El CNE decidió archivar el proceso porque excedió los tiempos para la vigencia de las pruebas, además no hubo duda sobre la declaración de Juan Carlos Montes, por lo que no había una irregularidad.