Gobierno afirma que serían 26.000 hectáreas de ilícitos los que se erradicarán en 2021 si vuelve la aspersión con glifosato

A pesar de que diferentes sectores se han pronunciado en contra de que en Colombia se vuelva a erradicar cultivos ilícitos con glifosato, el Gobierno nacional está firme en su posición y asegura que este 2021 pretende fumigar 26.000 hectáreas. Esta cifra fue revelada este 14 de abril por el ministro de Defensa, Diego Molano, quien agregó que ya están habilitados nueve aviones de la Policía Nacional para que adelanten el proceso cuando se cumplan todos los requisitos.

“Este año serían 26.000 hectáreas erradicadas” , dijo de forma concreta y segura Molano en entrevista con la Radio de la Policía Nacional.

El funcionario reiteró que este proceso se haría de forma precisa y controlada sobre cultivos extensos para no poner en riesgo a las comunidades y el ecosistema. En este sentido, aseguró que el Gobierno está trabajando con ingenieros agrónomos que han desarrollado “una mezcla” para que la sustancia que se asperja no sea tan pura y solo afecte a la mata de coca. Según Molano, el compuesto es 60 por ciento agua, 33 por ciento herbicida y 7 por ciento un coadyuvante mineral que caiga más rápido.

El ministro también dijo que, así como se especifica en el decreto, la aspersión no se realizará sobre áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.

En cuanto a las críticas que señalan que la erradicación de cultivos ilícitos debería hacerse usando otros métodos, Molano dijo que hay zonas en las que esto no es posible, y por eso la aspersión con glifosato es necesaria.

“Se seguirá trabajando en sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, en erradicación manual y, con el nuevo instrumento de fumigación, se hará en donde no se puede lograr la erradicación manual porque los grupos colocan minas, hacen asonadas, y atacan a la fuerza pública”, explicó.

Hay que recordar que si bien es cierto que el polémico decreto ya fue firmado, para que este entre en vigencia debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Aunque este grupo fue el mismo que en 2015 suspendió el proceso, ahora las probabilidades de que pase son muy altas. El Consejo está conformado por allegados a la administración del presidente Iván Duque como los ministros de Salud, Educación, Agricultura, el director general de la Policía Nacional, el director general de Aduanas, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación.

Hay que mencionar que también se necesita la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que este mismo 14 de abril dio vía libre al proceso. La decisión está sustentada en argumentos técnicos que “fueron resultado de la evaluación del estudio ambiental, de los aportes presentados por la ciudadanía y las autoridades durante el proceso de la Audiencia Pública Ambiental”. Para la modificación, explicó la agencia, también se tuvo en cuenta a investigadores y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entre otros.

Si la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig) es aprobado, el Gobierno señala que los primeros territorios donde se implementaría son Guaviare, Putumayo, Nariño, y las subregiones del Bajo Cauca antioqueño (Antioquia) y el Catatumbo (Norte de Santander).

Según Molano, es importante que se continúe la erradicación de los cultivos con glifosato ya que esto ayudará a combatir el problema del narcotráfico y las afectaciones al medioambiente.

“El narcotráfico es la mayor amenaza al medioambiente, cada laboratorio de coca es un centro de producción de químicos que terminan vertidos en los ríos, afectando la diversidad”, dijo.

Es importante mencionar que para las mismas comunidades donde se cultiva coca, esta no es la solución a ninguno de los problemas que menciona el Gobierno. Los afectados, en su mayoría indigenas y campesinos, aseguran que no es necesario retomar esta práctica ya que están dispuestas y comprometidas con “la sustitución voluntaria y la transición a las economías lícitas” siempre y cuando el Gobierno nacional les cumpla lo pactado y el proceso se haga conforme a lo acordado en el Acuerdo Final de Paz. La propuesta es que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) para erradicar los cultivos tranquilamente y todos se vean beneficiados.

Además, se sustentan en una carta que envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 17 de diciembre al Gobierno nacional en la que pide reconsiderar la implementación de la erradicación con glifosato. El documento está firmado por siete relatores especiales de la entidad que representan varios sectores: Sustancias Tóxicas, Afrodescendientes, Medioambiente, Derecho a la Alimentación, Derecho a la Salud, Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas. Ellos rechazan el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) porque argumentan que el uso del químico tiene consecuencias graves para la salud y el medioambiente.

“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el PECIG y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente. Estos hechos se estarían llevando a cabo en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”, se lee en la carta que se extiende nueve páginas.

La ONU explicó que, hay evidencia contundente de los daños que el glifosato tiene sobre la salud reproductiva de las mujeres y los animales domésticos y polinizadores. Así mismo, se verían afectados el agua y los cultivos de pancoger, es decir, las principales formas de sustento de las comunidades donde se implementará el programa.

La reanudación del PECIG “atentaría y vulneraría” derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Además, va en contra de los compromisos que Colombia tiene firmados en relación a la prevención de la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el respeto de los derechos de los niños, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Incluso, no respetaría el Acuerdo Final de Paz.

Otro de los argumentos de los relatores de la ONU para rechazar el programa está relacionado con el “déficit participativo” que ha tenido el proceso. Este hecho impediría la inclusión y no tendría en cuenta los testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre cómo el químico afecta sus vidas.

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