En enero de este año el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Palmira, Valle del Cauca, emitió un fallo a favor de 43 personas que se encuentran recluidas en la estación de Policía de Pradera pidiendo que se garanticen sus derechos fundamentales ya que se encuentran hacinados en dicho lugar, cuando el espacio está destinado solo para seis personas, “lo que genera un nivel de hacinamiento del 433%, hasta el punto en que estos individuos tienen que permanecer todo el día de pie, incluso llegan a dormir de pie”, relatan los demandantes.
La eventualidad se estaría dando desde el pasado mes de marzo de 2020 cuando inició la emergencia sanitaria por covid-19 en el país y solo hasta diciembre de ese año se pudo comprobar la situación por parte de María Teresa Celis Bueno, personera del municipio de Pradera, al visitar las instalaciones.
En un audio que conoció Infobae Colombia, se escucha a uno de los reclusos denunciando la situación que viven dentro de la estación de Policía. En ese mismo relato, el hombre dice que a veces los han amarrado a las rejas y a palos para que hagan sus necesidades fisiológicas.
“Estamos en total hacinamiento aquí. No tenemos atención médica, estamos atendidos por unos auxiliares que no son profesionales, no tenemos comunicación, hay gente con síntomas de covid y entra gente nueva y no le hacen examen ni nada. Hoy estuvimos todo el día sin agua, esos baños están llenos de materia fecal, en estas circunstancias quién se resocializa, por favor, dennos la mano. El alcalde Pradera y el comando de la Policía no hace nada”.
Otra de las denuncias que hicieron es que los policías bachilleres se han quejado con el dinero que le envían a los presos. Además otro recluso insiste que en ese lugar hay personas con síntomas de covid-19 que presentan hasta fiebre.
Frente a estas denuncias el comandante de la estación de Policía, el capitán Gelly Adalberto Mulato Neiva, dijo que la situación se está dando desde el inicio de la pandemia y que el problema principal es que el Centro Penitenciario Villa de las Palmas de Palmira no ha recibido a la totalidad de los reclusos por medidas de bioseguridad de la cárcel.
“Básicamente, la razón principal es porque el centro de reclusión donde deben estar está recibiendo de manera muy lenta. Lo que manifiestan los responsables es que no reciben por temas del covid, entonces las estaciones de Policía sufren por esa decisión”, afirmó.
Ante la posibilidad de acomodarlos transitoriamente en otro lugar, Mulato Neiva explicó que al tratarse de individuos con procesos abiertos, no es posible hacerlo. “Estamos hablando de personas que han sido capturadas por diferentes motivos, muchos de esos por delitos graves y no hay en Pradera una infraestructura que sirva para alojar a estas personas capturadas”. Agregó que han consultado con la Alcaldía local pero dice que esta solo ha afirmado que no tiene recursos para apoyar esta iniciativa.
Por otro lado, negó que se hayan presentado casos de contagiados por covid-19 ya que, según él, se han hecho pruebas a todos los reclusos y que, aunque sí se han presentado síntomas, no se han reportado positivos. Indicó, además, que no tienen contacto directo con los reclusos porque al interior de la estación hay dos funcionarios encargados de cuidarlos.
“Hacemos vinculo con dos funcionarios que les pasan las comidas y como ellos tienen baños, no hay que sacarlos. Prácticamente no se deja ingresar personal foráneo. Cuando presentan situaciones de emergencia médica o alguna predisposición, se sacan con las medidas de bioseguridad con tapabocas e incluso la administración les ha hecho llegar a ellos alcohol para desinfectarse”.
La Personería de Pradera ha dicho que “los policiales adscritos a esa estación no tienen la competencia ni la preparación para contralar la población carcelaria. Que esas instalaciones no reúnen las condiciones mínimas necesarias para permitir tener personas en calidad de capturadas para cumplir condena”.
El fallo del Juzgado protegió los derechos a la integridad personal, dignidad humana, acceso al sistema de salud, a la alimentación, a la seguridad personal; a la igualdad y acceso a la justicia de los 43 reclusos demandantes, además señaló como responsable al alcalde de Pradera, Justino Sinisterra; a la secretaria de Gobierno, Claudia Beatriz Lucumí y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mediante las cárceles encargadas.
En esa misma decisión le ordenó al alcalde Sinisterra celebrar convenios con cárceles de la región para empezar la descongestión de lugar y terminar el proceso en un plazo de tres meses que acaba el 28 de abril.
El tránsito de reclusos
Según indicó el comandante de la estación, desde que inició el problema de hacinamiento se han presentado retrasos en la emisión de reclusos a la cárcel de Palmira. “Desde hace tres meses me han recibido, en promedio, unas 10 personas. Incluso tengo unos capturados que enfrentan situación de doble homicidio provenientes de Puerto Tejada (Cauca) y la directora del Inpec de allá me ha dicho que, a pesar de la orden, no los va a recibir porque son muy peligrosos”.
Mulato expresó que, en promedio, entran cinco personas nuevas cada semana. “En este momento tengo 47 personas”, concluyó.
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