Uniautónoma no le pagará $7.400 millones de indemnización a exrector Ramsés Vargas

Quien fue procesado por presunto desfalco de más de 14 mil millones de pesos, demandó a la institución educativa por haberlo despedido sin justa causa. La universidad celebra el fallo a favor.

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Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, fue procesado por un supuesto desfalco a la institución por más de 14 mil millones de pesos. Foto: Colprensa
Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, fue procesado por un supuesto desfalco a la institución por más de 14 mil millones de pesos. Foto: Colprensa

En 2018, un caso de presunta corrupción sacudió una de las instituciones más tradicionales de la costa norte colombiana. Se conoció que Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, estaba presuntamente involucrado en un desfalco a la institución por más de 14 mil millones de pesos. La universidad, que venía asechada por supuestos casos de corrupción desde la administración de la condenada Silvia Gette, entró en crisis económica y dificultó su proceso académico.

Después de ser capturado y encarcelado por casi dos años, en mayo del 2020, el juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla dejó en libertad a Vargas por vencimiento de términos. Quien en su momento contaba con una condena de casa por cárcel fue dejado en libertad mientras sigue vinculado a la indagación.

Mientras continuaba su proceso, junto a su abogado Rafael Rodríguez Mesa, el exrector demandó a la UAC por saldos pendientes correspondientes a cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones, indemnizaciones y salarios no pagados entre el 1 de julio de 2017 y el 2 de marzo de 2018. Además, la defensa del académico alegaba un despido no justificado que se debía indemnizar.

“También la bonificación por seguridad pactada contractualmente en dólares, insoluta desde agosto de 2017 a febrero de 2018, indexación o corrección monetaria, la liquidación definitiva de mi contrato de trabajo, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 CST por no haberme pagado la liquidación de mi contrato a su finalización, costas y agencias en derecho y las demás prestaciones laborales y de seguridad social que se establezcan en el proceso”, indicó la petición de Vargas, recopilada por Semana. En total, el monto exigido por Vargas ascendía los 7.400 millones de pesos.

Este miércoles, se conoce que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla falló contra el exrector y a favor de la institución. De acuerdo con el fallo del tribunal, Vargas renunció a su cargo de manera voluntaria e, incluso, el pronunciamiento quedó grabado en video a disposición de toda la comunidad académica.

“Para permitir que la histeria colectiva se atempere y para contribuir a que se retomen las actividades, presento mi renuncia irrevocable al cargo de rector”, expresó el entonces funcionario en 2018.

A favor, solo se le concedió a Vargas el pago de su liquidación, la cual la universidad ya habría concertado y planeado saldar. De acuerdo con Blu Radio, la solicitud está en espera a la aprobación del Ministerio de Educación para aprobarle a la institución un plan de pago.

Por otro lado, Mauricio Molinares, actual rector de la Uniautónoma, celebra la decisión. “La Universidad Autónoma en esta sentencia ha sido absuelta de las pretensiones de indemnización del demandante que sustentó su pretensión con un supuesto despido injusto por parte de la universidad y esto no tiene ningún sustento fáctico en virtud de la renuncia que él presentó. Esta es una decisión importante para la universidad”, indicó, según el medio radial.

Sobre el caso, se supo que en noviembre se aplazó la audiencia de acusación contra Vargas y se estipuló como nueva fecha el 10 de diciembre del año pasado. La Fiscalía General de la Nación, entre otras cosas, solicitó la conexidad de los casos del exrector, de su vicerrector, Tamid Turbay, y otros exfuncionarios señalados.

“Estamos en la etapa del escrito de acusación en lo referente a la pérdida de los dineros de los años 2017 y 2018. La Fiscalía solicitó una conexidad entre el caso de Tamid Turbay con los otros sindicados del grupo en el que está Ramsés, para no tener dos procesos”, explicó Rafael Pacheco, abogado de la universidad, a Blu Radio.

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