El partido Comunes, antes conocido como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, ha tenido un día ciertamente ocupado en el Congreso de la República. No solo presentaron una férrea oposición a la aspersión con glifosato, que incluyó hasta tutela, sino que también radicaron un nuevo proyecto de ley para garantizarles el acceso a la salud a los campesinos colombianos.
La iniciativa firmada por la Senadora Victoria Sandino Simanca Herrera, el Representante Omar de Jesús Restrepo Correa y el Representante Jairo Cala Suárez, busca traer a la legislación nacional otro de los compromisos incluidos en la ‘Reforma Rural Integral’ del Acuerdo de Paz firmado entre esa extinta guerrilla y el Gobierno colombiano en 2016. Se trata, además, de un cambio que los legisladores consideran necesario teniendo en cuenta que el sistema actual les resulta ineficaz.
En palabras de Cala, citadas por Extrategia, “el problema del sistema actual no es que el dinero sea insuficiente, el problema es que los recursos están mal invertidos, se malgastan en corrupción, y en acrecentar las ganancias de las EPS. Por esto, proponen la reorganización de los recursos y así garantizar el derecho a la salud en los territorios a través de la cobertura, calidad, y oportunidad en la atención”.
La propuesta llega el mismo día en el que en el Senado de la República comienza la discusión sobre una controvertida reforma a la salud que es visto con malos ojos por los miembros de Comunes, incluyendo a la propia Sandino, quien en un serie de trinos comentó en la mañana de este martes 13 de abril que “vulnera lo propuesto por la ley estatutaria de salud sobre la participación social: el capítulo 2 no se discutió con la gente en los territorios”.
De igual manera, la senadora señala que dicha propuesta gubernamental es inconstitucional “porque mantiene un plan básico que es muy limitado para la atención en salud”.
No obstante, el ministro de Salud y Protección Social argumentó esta misma mañana que la reforma a la salud es una necesidad ineludible del país teniendo en cuenta el contexto de pandemia que se vive actualmente y del cual se tomaron lecciones. Según el funcionario, dicho proyecto ha sido ya socializado en diferentes audiencias desde el año pasado.
En ese capÍtulo de pandemia, recordó Ruiz, se habla de “cómo consolidar proyectos público-privados para la fabricación de vacunas y medicamentos esenciales para el desarrollo del país, la consolidación de una política nacional de seguridad sanitaria, la integración de una comisión especial bajo la cual se analizan las situaciones de riesgo sanitario para el país”. Pero también se tocan otros temas como el mejoramiento del sistema de salud, medicina familiar, conformación de redes integradas de servicios, una visión del hospital público.
No obstante, para los miembros de comunes se siguen quedando por fuera los actores rurales que también necesitan ver mejoras en su acceso a la salud. Como señala Sanguino, “el campo colombiano está conformado por aproximadamente un 50% de mujeres rurales y campesinas junto a identidades diversas, por lo que el Plan contiene un capítulo especial para ellas y ellos, que tienen necesidades específicas en materia de salud”.
Bajo esa misma óptica, el representante Restrepo le dijo al mismo medio digital que “la prioridad que tienen los trabajadores rurales en el Plan Nacional de Salud Rural, por tanto, tienen el derecho a la protección social como cualquier otro trabajador en Colombia. El Plan propone el diseño e implementación de la política pública en protección social y riesgos laborales para las y los habitantes del campo colombiano”.
No sobra recordar que, en el Acuerdo de Paz se puede leer que “En cuanto a la salud, se requiere un modelo especial que atienda zonas rurales dispersas con pertinencia y hacer inversiones para mejorar la infraestructura y dotación”, que es precisamente lo que busca el proyecto presentado por los tres parlamentarios.
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