Justicia Penal Militar colombiana no dependerá de MinDefensa

El presidente Iván Duque oficializó la decisión de darle un vuelco a la Justicia Penal Militar colombiana este miércoles, 14 de abril, al firmar una serie de normativas que le dan autonomía a esta jurisdicción. A través de los decretos 312, 313 y 314 de 2021 se autorizó la creación de la Unidad Administrativa Especializada de la Justicia Penal Militar y Policial que, aunque seguirá adscrita al Ministerio de Defensa (MinDefensa), esta oficina tendrá su propia personería jurídica e independencia administrativa, financiera y de patrimonio.

“Hoy estamos dándole cumplimiento a dos importantes leyes: la 1407 de 2010, una ley de gran trascendencia que, prácticamente, había dejado muchísimos postulados pero no había tenido su pleno desarrollo; y la ley 1765 de 2015. Dos normas que nos dan las posibilidades para que tengamos una Unidad que se funda en la colaboración armónica, pero que en virtud de su independencia y a costo cero, optimizando estructuras, sin generar crecimiento en gasto. Hoy nace para dar garantía y para presentarse ante los ojos del mundo como una institución llamada a progresar armonizando el proceso penal acusatorio que existe hoy en la jurisdicción penal con los proceso que se adelanta la justicia penal de nuestro país”, dijo el presidente Duque al firmar los decretos.

La Unidad Administrativa Especializada de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá sus propias oficinas de planeación, asesoría jurídica, áreas tecnológicas y de comunicaciones, entre otras dependencias. También se creará una ‘Escuela de la Justicia Penal Militar’, con el fin de profundizar los conocimientos en materia jurídica e investigativa de quienes vayan a laborar en la Unidad.

Este punto es importante ya que la Unidad tendrá su propio Tribunal Superior Militar y Policial y juzgados de conocimiento especializado, de conocimiento, de ejecución de penas y de control de garantías. Además, se creará una Fiscalía General Penal Militar y Policial, con fiscalías delegadas y un Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) propios. Cada subdivisión tendrá una responsabilidad distinta que responderá a los puntos establecidos en el Código Penal Militar.

Además de los cambios en términos administrativos, el Gobierno hizo énfasis en que la operatividad de la Unidad se verá impactada ampliamente por el uso de la tecnología. Los casos que se investiguen, desde que se instaura una denuncia hasta que se emite una sentencia, podrán ser rastreados desde la web por el Estado y los civiles. En este sentido, cada ocurrencia tendrá un Número Único de Noticia Criminal (NUNC) que permita dicha trazabilidad.

Adicionalmente, se vincularán los sistemas de la Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijin) de la Policía Nacional con el fin de que las instituciones compartan datos en línea. Hay que mencionar que esta convergencia de información permitirá que, en caso de que un caso deba pasar a la justicia ordinaria y viceversa, el proceso se haga más rápido.

“Le podemos decir a todos los miembros de la fuerza pública que en el cumplimiento de sus deberes tendrán una jurisdicción moderna, transparente, fortalecida que arranca su despliegue en todo el territorio nacional para que sus actuaciones sean evaluadas con todo el rigor, pero teniendo el conocimiento profundo de todas las circunstancias en las cuales ellos adelantan su trabajo diario para proteger la vida, la honra, los bienes, derechos y libertades del pueblo colombiano”, dijo Duque.

Para liderar todo estos cambios, el presidente Duque designó a Fabio Espitia como director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial. Cabe mencionar que hasta la fecha el funcionario se desempeñaba en el mismo cargo dentro de la Justicia Penal Militar.

Espitia deberá trabajar de la mano con el Consejo Directivo de la Unidad que estará encabezado por el ministro de Defensa y apoyado por el ministro de Justicia, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aunque los miembros del grupo podrán opinar, ninguno podrá interferir directamente sobre las decisiones judiciales.

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