El histórico debate que inició en el Congreso de la República este 14 de abril, sobre la regulación de la hoja de coca y sus derivados, tuvo un comienzo atropellado por el trámite legislativo que estuvo a punto de posponerlo.
Cuando el senador Armando Benedetti, coordinador ponente de la iniciativa, se preparaba para iniciar, la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado votó una proposición del senador Roy Barreras para que se desplazara la discusión al segundo lugar del orden del día. Una propuesta que fue rechazada por la mayoría.
Después, la sesión de la comisión fue cancelada debido a que la plenaria de la cámara alta programó una sesión mixta a la misma hora del debate. Justo cuando los senadores se estaban despidiendo, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, notificó que la plenaria se reprogramó para el 15 de abril.
Así, después de algunos tropiezos de trámite, dio inicio un debate calificado como histórico porque nunca antes se había planteado que el Estado recoja, regule y distribuya tanto la hoja de coca como su principal derivado: la cocaína.
Los autores de la iniciativa, Iván Marulanda y Feliciano Valencia, fueron los encargados de iniciar la discusión con una invitación, más que a su aprobación, a debatir por primera vez la posibilidad de tener un marco regulatorio de la sustancia que ha financiado el conflicto armado en las últimas décadas y convertido al país en su principal productor.
Iván Marulanda, senador del partido Alianza Verde, tomó la palabra para plantearle a los miembros de la Comisión Primera del Senado una pregunta jurídica en la que radica el proyecto que redactó tras varios años de trabajo.
“Entiendo que las leyes penales dicen relación a actos de personas naturales o jurídicas que le hacen daño a otro, es decir, uno entiende una ley penal que penaliza un acto violento de alguien que daña la integridad física de alguien, que mata, que roba, que secuestra. Lo que no está en el paisaje de ese escenario es que se penalicen actos que no hacen daños a terceros, es decir: yo consumo algo que supuestamente me hace daño; supuestamente, porque de acuerdo con los informes científicos que conocemos, solamente máximo el 17% de la población que consume cocaína termina siendo adicto, es decir no todo el consumidor de cocaína es un adicto”, señaló el autor del proyecto.
“Entonces, estamos hablando de una legislación que penaliza un acto individual, además reconocido en el marco de la Constitución, de los derechos humanos y el libre desarrollo de la personalidad. No entiendo cómo un acto legal en el marco de la Constitución, que no le hace daño a una tercera persona, le hace daño a la persona (consumidora), ¿cómo puede ser penalizado? ¿Desde qué fuente de derecho? ¿Cuál es la fuente moral para penalizar un acto que no le hace daño a un tercero? Esa es la duda que tengo y le pediría a los congresistas que me ayuden a contestar”, puntualizó Marulanda.
El senador del partido Verde hizo un pequeño recuento de los principales líderes políticos y sociales que han sido asesinados por las balas del narcotráfico, muchos de ellos amigos suyos y familiares de los congresistas a quienes planteó su pregunta.
“Toda esta tragedia de esta guerra contra el narcotráfico tiene solamente un sentido y es que estamos de cuidadores de personas para que no vayan a tomar malas decisiones en cuanto a sus consumos, entonces en ese caso tendríamos que trabajar muy duramente en el tema de los consumidores de azúcar, tabaco o grasas o alcohol”, puntualizó Marulanda.
Para señalar el fracaso de la guerra contra el narcotráfico, Marulanda continuó con su metáfora del Estado cuidador. “Lo que estamos haciendo aquí hace 50 años es matándonos y destruyendo este país para que los hijos de las familias y de los hogares de los países desarrollados del mundo, que son los consumidores de cocaína, no consuman. Que entre otras cosas habrá que decir: fracasamos de niñeras y niñeros porque los yuppies y los estudiantes de Oxford, Harvard y todas las universidades son consumidores de cocaína”, agregó el senador autor del proyecto.
En el mismo sentido se refirió el senador indígena Feliciano Valencia, quien representa al Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el narcotráfico y que para el año 2020 contaba con aproximadamente 17.356 hectáreas sembradas de coca.
“Esa generación que está detrás de nosotros se lo merece, nosotros, en nuestras manos, tenemos la posibilidad de abrir este debate para adentrarnos en la exploración de alternativas contundentes. No dejemos que las mafias criminales se tomen nuestra institucionalidad, nos desafíen y nos condenen a un círculo eterno de tragedias, matanzas y baños de sangre”, aseguró Valencia.
El debate llega justo días después de que el Gobierno nacional expidió el decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato, como mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos. Según expuso el ponente Luis Fernando Velasco, el proyecto y la política nacional son dos propuestas distintas de combatir el narcotráfico.
Una por medio del control del cultivo y la distribución por parte del Estado, basado en la educación para prevención del consumo, y la otra por combate directo de la producción y los dueños del negocio del narcotráfico por medio de la fuerza pública.