Esta es la propuesta de impuesto permanente que le quieren poner a los bancos

El senador David Barguil, del partido Conservador, propuso un nuevo punto a la reforma tributaria que se tramitará en los próximos días en el Congreso de la República. La iniciativa es que la sobretasa en el impuesto a la renta para los bancos aumente a 6 por ciento, quedando en 36 por ciento, y que ese recaudo vaya en un periodo de 10 años, la mitad, para las vías rurales y la otra para la infraestructura educativa del país. Esta propuesta sería permanente.

Además dijo que es justo y equitativo que el sector financiero que, menciona él, ha ganado enormemente utilidades “en algunos periodos muy por encima por encima de lo que aumenta el PIB: cuatro, cinco veces de lo que aumenta le economía colombiana” y afirma que esto buscará sacar adelante a Colombia en materia económica. En diálogo con W Radio dijo que “Sería inmoral decir que se le va a subir los impuestos a los ciudadanos y se le va a bajar al sector financiero”.

El senador también es autor de la ley 2010 de 2019 que dejó la sobretasa vigente en cuatro puntos en el impuesto de renta del sector financiero. Barguil que se ha enfocado en trabajas con temas económicos, promovió el proyecto de ley de “borrón y cuenta nueva” que permite una amnistía para que los deudores paguen el saldo pendiente de sus cuentas en el primer año después de que la ley empiece a correr, además de que si hay deudas menores al 15 por ciento del salario mínimo, las personas puedan recibir dos comunicaciones por parte de las centrales de riesgo antes de ser reportadas y también que al pasar ocho años, la persona deje de estar reportada en estas centrales, sin que prescriba la deuda, es decir, que deberá pagarla.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que la norma promueve la educación financiera en los ciudadanos, lo que facilita su acceso al sistema en las mejores condiciones para su economía.

De acuerdo con la información de la Procuraduría, la ley respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información financiera en base de datos, después de que hayan desaparecido las causas que originaron el recaudo de la misma.

Sobre el régimen de transición o amnistía general, uno de los puntos incluidos en la norma, la Procuraduría señaló que el núcleo esencial de la libertad de empresa no se ve afectado por la fijación de plazos especiales, porque las competencias de las fuentes, operadores y usuarios en la administración de los datos financieros se mantuvieron.

“Para el órgano de control, la iniciativa responde al principio de solidaridad, pues con su implementación se busca avanzar en la democratización del crédito y garantizar que la ciudadanía tenga un mayor acceso al sector financiero”, se lee en el documento publicado por la Procuraduría.

Otro de los puntos mencionados por la entidad es que, la ley no afecta el derecho de los usuarios a recibir información veraz e imparcial sobre el dato personal de contenido financiero o crediticio, así como no genera desigualdad entre deudores morosos y cumplidos y no afecta la estabilidad del sistema financiero.