Distrito y Gobierno nacional acuerdan medidas para reducir el hacinamiento carcelario en Bogotá

Este martes, la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, se reunió con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, para definir las estrategias conjuntas que reducirán el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión de Bogotá, avanzar en el convenio para la reubicación de las cárceles Buen Pastor y Modelo y la construcción de la Cárcel Distrital Dos.

Durante la reunión, López y el secretario de Seguridad de la ciudad, Hugo Acero, coincidieron en que es necesario y urgente avanzar en los traslados de reclusos de URI y estaciones de Policía a las cárceles nacionales, haciendo énfasis en los condenados (incluidos los de la Cárcel Distrital) y sindicados de alto perfil de seguridad.

En ese sentido, para la reducción del hacinamiento, el Ministerio de Justicia se comprometió a hacer un cronograma con el INPEC para empezar a recibir detenidos que están hacinados en esos sitios y para trasladarlos a los penales de la ciudad, que son del orden nacional.

Cabe recordar que el hacinamiento en las URI, estaciones de Policía y/o centros de detención transitoria, alcanza un 150 % en la capital. En la reunión también se avanzó en el diseño del convenio entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor Bogotá para el traslado de las cárceles El Buen Pastor y Modelo que pasarán a predios de la Cárcel Picota.

Al respecto, los equipos técnicos de MinJusticia, INPEC, USPEC y Secretaría de Seguridad, ya concertaron el borrador del convenio marco a celebrarse para apoyar a la Nación con el traslado de las cárceles Buen Pastor y Modelo, más la cesión de una porción de esos predios en el área donde se encuentra La Picota, para desarrollar una sede adicional de la Cárcel Distrital.

El pasado 9 de abril Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, consideró que el estado colombiano debe asumir el pago de la asistencia alimentaria de los menores de edad cuyos padres se encuentran recluidos en las cárceles del país.

El funcionario expuso esta idea como una propuesta para descongestionar los centros penitenciarios en Colombia, un problema endémico de la cartera por décadas. Para Orjuela, un escenario en el que el estado asumiera dichas responsabilidades sería mucho menor a lo que actualmente representa la inasistencia alimentaria por parte de los reclusos.

“Es una vergüenza que tengamos tantos condenados por inasistencia alimentaria (...) cada interno nos cuesta 2 millones 400 mil pesos, yo pensaría que al Estado le saldría más barato dándoles entre 600 y 700 mil pesos a la madre del menor y no tener un problema de hacinamiento que nos cuesta tanto dinero”, dijo el funcionario en RCN Radio.

Ruiz Orjuela destacó que la cifra de personas privadas de la libertad que incumplen los pagos correspondientes a sus hijos menores de edad, o que están cursando estudios de educación superior, es muy alta, lo que se suma al problema endémico del hacinamiento en las cárceles.

Con respecto a este último punto, el funcionario criticó los niveles alcanzados por las URI (Unidades de reacción inmediata) en el último mes: “Es una vergüenza para el país que hayan 200 internos en una URI o en una estación de Policía, para entrar al baño”, aseguró el ministro.

Así avanza la segunda etapa del proceso de vacunación contra el covid-19 en los Establecimientos de Reclusión a nivel nacional

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, continúa avanzando en la segunda etapa de vacunación contra covid-19 en los Establecimientos de Reclusión a nivel nacional.

Para esta fase, se tuvo en cuenta a las personas entre los 60 y 79 años, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad requeridos para inmunizar a esta población, reforzando además las medidas de prevención iniciales adoptadas en los 132 Establecimientos de Reclusión del INPEC, como el aislamiento preventivo y los tamizajes.

El pasado 25 de marzo el Inpec emitió un comunicado donde explicaba que a la fecha había un total de 77 casos positivos entre población privada de la libertad y funcionarios del Instituto y 24.620 recuperados.

Igualmente, hasta ese momento se habían aplicado 1.733 vacunas en los diferentes Establecimientos de Reclusión de la Regional Central, 785 en la Regional Occidente, 619 en la Regional Viejo Caldas, 474 en la Regional Noroeste, 471 en la Regional Oriente y 335 en la Regional Norte, para un total de 4.417 Privados de la Libertad vacunados en esta segunda fase. Hasta ahora se desconoce cuál ha sido el número de vacunados hasta el mes de abril.

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