La reforma tributaria, la tercera del gobierno de Iván Duque junto al Ministerio de Hacienda de Alberto Carrasquilla, se está deshojando en cada vistazo que le conceden a la opinión pública. Antes de su llegada al Congreso de la República y con la fecha varias veces pospuesta, todos los partidos políticos -incluyendo el de Gobierno- tuvieron objeciones que actualmente se tienen en consideración para el documento final.
Esta vez, el golpe de desconfianza se lo propinó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el pasado miércoles, al considerar que el ajuste fiscal podría no contar con el tiempo necesario para aprobarse.
De acuerdo con el informe ‘Hacia el crecimiento 2021: dando forma a una recuperación vibrante’ del organismo, “La crisis de la covid-19 podría reavivar un apetito para discutir futuras reformas estructurales, pero con las elecciones de 2022, la ventana política para hacerlo es muy corta”, aseveró.
En el aparte correspondiente al progreso en reformas estructurales, la OCDE habla de un limitado avance en cuanto a Colombia y una dificultad del Gobierno a la hora de construir “amplias bases de consenso a favor de las reformas”. La institución, de la cual el país es miembro desde 2020, cita una “necesaria” reforma impositiva. A pesar del esfuerzo por el cambio, la misma fue tumbada por la Corte Constitucional forzando a la administración de Iván Duque a pasarla de nuevo en 2019. “Este largo proceso consumió un importante capital político”, relató la organización.
Por el covid-19, el organismo de cooperación considera que se puede tratar de un ambiente propicio para reformas estructurales. Sin embargo, con 2022 a pocos meses y una campaña electoral que inició prematuramente antes de pisar 2021, no habría tiempo ni riesgos a tomar.
“La pandemia reversó años de mejoras”
De acuerdo con la organización, el paso del covid-19 por Colombia podría resultar en mayor informalidad, inequidad y pobreza “reversando años de mejoras”. Además, en sus anotaciones afirmó que la educación básica y profesional de baja calidad está desconectada de “las necesidades del mercado laboral”, que hay brechas de conectividad y que existen inequidades regionales. Las dificultades “deben tratarse para abordar la informalidad e impulsar crecimiento y empleo a medio plazo”.
Colombia, como en anteriores mediciones, se queda atrás con respecto a otros miembros de la OCDE. El PIB per cápita es 73% más bajo que el de los mejores actores internacionales y la productividad cae en comparación en un 71%. Además, la institución afirma que, antes de la crisis de 2020, la tasa de empleo ya era baja y cayendo.
En la misma línea, la inequidad registra más alta que la mayoría de economías avanzadas. En cifras, la brecha se evidencia con que el 20% de los hogares más pobres ganan el 3,7% del ingreso total del país. Incluso, ambientalmente, Colombia muestra cifras complejas. A pesar de mostrar emisiones de dióxido de carbono estables en el tiempo, más de 3/4 de la población está expuesta a niveles dañinos de contaminación.
Se necesitan estrategias para eliminar la informalidad
La OCDE sostiene que se necesita “una estrategia integral para combatir la informalidad a fin de garantizar que la recuperación genere empleos de alta calidad”. El informe reza que el salario mínimo y los costos por empleado por fuera del sueldo son muy altos. De este modo, se deben bajar estos montos para contratar formalmente a trabajadores menos capacitados, jóvenes y personas ubicadas en regiones menos desarrolladas. “Para fomentar el espíritu empresarial, deben reducirse los altos costos de registro de las empresas, especialmente para Pymes y ‘startups’”, agregó.
Ante la baja capacitación, el organismo de cooperación responsabiliza a la educación “deficiente”, además, con alta dependencia en el contexto socioeconómico y muestran grandes disparidades regionales. Según la OCDE, los cambios en el acceso a la educación deben iniciar en la niñez temprana y en las áreas rurales.
“Los recursos deben reasignarse a las regiones vulnerables para que la enseñanza sea más atractiva ahí. Los planes de estudio, la financiación de la educación y la formación profesionales deben ajustarse de acuerdo con las necesidades del mercado laboral, y se debe alentar la participación de los empleadores en la prestación de servicios”, concluyó la organización.
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