El Juzgado octavo especializado de Bogotá aceptó el preacuerdo adelantado entre la Fiscalía General de la Nación y el expatrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Juan Camilo Lloreda, y uno de los dos uniformados señalados de ser responsables de la muerte del estudiante de derecho, Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre de 2020.
El juez Juan Carlos Oliveros, en cabeza del caso aceptó la condena a Lloreda de 20 años de cárcel por lo delitos de tortura agravada y homicidio agravado por la muerte Ordóñez que desencadenó protestas de dos días en Bogotá. El preacuerdo con la Fiscalía le otorgó una rebaja de penas por haber aportado información clave en el caso que terminó involucrando a otros policías al proceso de investigación, sin embargo, por el delito de tortura, la condena aumentó de 228 meses a 240. Tanto la Procuraduría y las víctimas estuvieron al tanto del preacuerdo.
Además de la condena, el patrullero se comprometió a realizar un acto de perdón público a la familia de la víctima y a la Policía Nacional, ya que los hechos se dieron mientras prestaba servicio público. Lloreda admitirá que golpeó, torturó y sometió a Javier Ordóñez esa noche, además de reconocer que este se encontraba en un estado de indefensión por estar bajo los efectos del alcohol.
“La negociación consistió en que la Fiscalía a cambio de la aceptación de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada y con el propósito de no discutir el caso en el juicio, acordaron las partes que se tendrá en cuenta la máxima condena por el delito de homicidio, fijado en 240 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos”, sentenció el juez octavo.
A pesar de que esta opción se le ofreció tanto a Juan Camilo como a Harby Damián Rodríguez Díaz, el otro uniformado implicado, el juez expresó que no se logró este mismo beneficio con él.
Durante la audiencia de imputación de cargos, en octubre de 2020, Lloreda y Rodríguez se declararon inocentes diciendo que no tuvieron nada que ver con la muerte de Ordóñez, pero con las pruebas reveladas por el informe de la necropsia practicada al estudiante realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se empezó a generar el preacuerdo que terminó concretando la defensa de Lloreda. Según este documento, Javier murió por golpes contundentes en la cabeza y una hemorragia en el hígado. La sentencia se leerá el próximo 27 de abril.
El pasado 16 de marzo el patrullero había aceptado los cargos, cuando en un primer momento se había declarado inocente. En octubre de 2020. la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años a los patrulleros Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz. Durante la lectura del fallo, la procuradora delegada para la Policía Nacional, Aura Fajardo, aseguró que, para el ente de control los agentes actuaron “con brutalidad e intencionalidad”, e hizo un recuento de los hechos.
“Se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez fue objeto de violencia física a pesar del estado de indefensión en que se encontraba, mientras permaneció en el CAI Villa Luz […] sin consideración alguna, Javier Ordóñez recibió golpes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda”, aseguró la delegada de la Procuraduría en medio de la audiencia.
La funcionaria desestimó las versiones de los disciplinados en el sentido de que hubieran tenido que utilizar la fuerza para disolver un conflicto, pues afirmó que no se encontraron pruebas de que la víctima hubiera estado involucrada en una riña callejera antes de la detención.
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