El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición convocó para este martes 13 de abril, al”Pacto por la Búsqueda – Buenaventura Territorio de Paz”, para visibilizar ante la sociedad civil e instituciones estatales la magnitud, sistematicidad y continuidad de la desaparición de personas en este territorio y atender a las víctimas de los demás crímenes ocurridos en el conflicto armado que durante décadas han afectado a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas, a mujeres, jóvenes y campesinos.
En este escenario se planea reunir los esfuerzos que sean necesarios para agilizar la búsqueda de, al menos, 841 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Buenaventura, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos, según datos entregados a la Unidad de Búsqueda por cuenta del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como escuchar la voz y darles un lugar central a las víctimas, comunidades y sectores afectados por la guerra.
“Si existe una región que reúne todos los desafíos que debemos enfrentar como país para poner fin al capítulo de la guerra, es el puerto de Buenaventura. Pocos lugares como este municipio del occidente del Valle del Cauca, por donde pasa más del 41% del comercio internacional de Colombia, demanda tantos esfuerzos de las instituciones”, confirmaron desde la Unidad de Búsqueda
La práctica de la desaparición forzada en Buenaventura ha sido generalizada y se ha usado como estrategia de la disputa territorial por parte de diferentes actores armados que históricamente han hecho presencia en el distrito. En el acceso a la bahía, los esteros han sido los lugares para la comisión de este tipo de crímenes y se han identificado algunos sitios de disposición de cuerpos y la ubicación contigua de casas de desmembramiento.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), institución del Estado que lidera la búsqueda, la formalización del pacto, que se realizará este martes, se suma a una serie de acciones humanitarias que ha realizado este mecanismo en territorio desde 2020.
Entre ellas, los diálogos con víctimas, líderes y lideresas de Buenaventura, quienes manifestaron su preocupación en torno al proceso de dragado que se inició en el estero de San Antonio, así como el desarrollo un estudio que establezca las estrategias para realizar la búsqueda subacuática de personas desaparecidas en la zona. Por ello, la UBPD ratifica su permanencia en el Valle del Cauca para darles respuestas a las víctimas y a la sociedad.
“Para la Comisión de la Verdad, desde su abordaje extrajudicial, el foco de su trabajo está en comprender con más profundidad las verdades éticas y políticas que hay alrededor de la desaparición y de esta forma avanzar en presentar un relato que devele los complejos entramados políticos, sociales, económicos y culturales que propiciaron esta práctica en el marco del conflicto armado”, confirmaron desde la Unidad de Búsqueda.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) propone aportar a la concreción de objetivos estratégicos, como cerrar la histórica brecha de impunidad de crímenes atroces que se han cometido en esta región, hacer realidad los derechos de las víctimas a la participación efectiva, al esclarecimiento de la verdad y al acceso a la justicia que permitan la identificación, juzgamiento y sanción a los máximos responsables y los partícipes determinantes de los crímenes atroces; el reconocimiento del daño causado y el establecimiento de las correspondientes medidas reparadoras y restaurativas.
Solo en lo que va de 2021 han ocurrido 41 homicidios, 13 desapariciones forzosas y más de 8.000 desplazamientos, según documentó la Oficina de la ONU en Colombia para los DD.HH. A este escenario se le suman instituciones débiles, la corrupción y una fuerza pública que no controla la zona. La ausencia de Estado que padece el puerto es ilegal, inmoral y antiética.
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