Incautan bienes de excongresita acusado de corrupción

La Fiscalía General de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio tres bienes que pertenecerían al excongresista Manuel Antonio Carebilla Cuellar, los cuales estarían a nombre su compañera permanente y habrían sido adquiridos mientras se desempeñó como representante a la Cámara por Amazonas.

“La propiedades ubicadas en #Bogotá habrían sido adquiridas mientras Carebilla Cuéllar se desempeñaba como representante a la Cámara por Amazonas, durante dos periodos consecutivos, entre 2006 y 2014″, señaló el ente acusador.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó los tres bienes, avaluados en más de 2.000 millones de pesos, en diligencias realizadas en la capital del país. Los inmuebles quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Como lo señaló la Fiscalía en noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia, señaló al suspendido gobernador del Amazonas como un “mercader” en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando fue representante a la Cámara.

“Convirtió su equipo de trabajo en una empresa en la que aprovechó para manejar dinero que solo utilizó para su provecho”, así lo determinó el alto tribunal al hallarlo culpable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.

El exfuncionario fu condenado a una pena de 14 años 7 meses de cárcel, así como una multa de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios. De acuerdo con la decisión de la Corte, el trabajo de Carebilla Cuéllar en el Congreso fue completamente contrario a sus deberes legislativos.

“Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, explicó la Corte.

De acuerdo con la investigación que realizó el alto tribunal, el sujeto “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’”.

Además, encontraron que el exrepresentante del amazonas les pedía a sus funcionarios dinero para arreglar el carro oficial que le asignó en Congreso y que también les exigió una cuota para financiar los gastos de su campaña política en las elecciones locales de 2007 en Amazonas.

Por otro lado, señaló que las conductas del hombre fueron “conductas que deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor legislativa, razón por la que los ilícitos por los que se le condena fueron realizados con intención y propósito de vender la función pública, alterar la verdad, de apropiarse de dineros del Estado así como la de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de sus funciones”.

Finalmente se concluyo que su puesto público, le sirvió para pagar favores políticos y promesas de campaña, “permitiendo hasta que miembros de una sola familia heredaran los cargos una vez se retiraban de la misma. En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Comportamiento que prueba el fin lucrativo proyectado y deja entrever la falta de decoro con la cosa pública”.

SEGUIR LEYENDO