MinSalud establece protocolos para recolección de firmas para las revocatorias de los mandatos de los alcaldes

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, envió una comunicación en la que establece los protocolos de bioseguridad para que los 67 comités de revocatoria de mandato a nivel nacional puedan adelantar la recolección de firmas que requiere el proceso.

Desde hace más de dos meses, en enero pasado, los procesos de revocatoria quedaron varados por la falta de lineamientos que establecieran el mecanismo, debido a que requerían la autorización del Ministerio de Salud para evitar el contagio de Covid-19 y proteger a la ciudadanía.

En la comunicación, la autoridad sanitaria nacional reiteró los protocolos establecidos a lo largo de la pandemia y que están contenidos en las resoluciones 223 y 392 de 2021: lavado y desinfección de manos, uso de tapabocas obligatorio, realizar el proceso en espacios ventilados y mantener el distanciamiento físico.

“Las disposiciones mencionadas deben ser adoptadas por los diferentes comités que promueven los procesos de revocatorias y recolección de firmas para la inscripción de candidaturas, los cuales a su vez son los responsables de la aplicación de las medidas contenidas en el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del covid-19”, se lee en la comunicación firmada por el ministro de Salud, de acuerdo con el diario El Tiempo.

Las secretarías de Salud distritales y municipales serán las encargadas de velar por el cumplimiento de los protocolos, según establece la comunicación.

Aunque con este aval la Registraduría Nacional del Estado Civil puede retomar los diferentes procesos de revocatoria, el Ministerio de Salud no excluyó a los comités de las restricciones nacionales y municipales como toques de queda, pico y cédula o cuarentenas, los cuales deberán cumplir los recolectores de firmas.

En ese sentido, el proceso podría enfrentar aún mayores retrasos en el reinicio de las convocatorias, pues varias ciudades ya se encuentran en el tercer pico de contagios de Covid-19 y mantienen restricciones generales para evitar la propagación.

Justamente, los tiempos ajustados que impuso la pandemia a las revocatorias, ha restado impulso a ese tipo de procesos democráticos. El pasado lunes el principal comité en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió retirar su solicitud argumentando falta de garantías.

“El motivo de la presente tiene por objeto retirar la iniciativa de Revocatoria de Mandato “Movimiento ciudadano #RevocatoriaClaudiaLopez”, ya que por cuenta de las demoras en la entrega de las planillas hace que no tengamos los tiempos necesarios para lograrla durante este año, y consideramos no procedente terminar unificando las revocatoria con elecciones parlamentarias dado que perderían su carácter ciudadano” ,fue uno de los argumentos de José Miguel Santamaría Uribe para dar su paso al costado.

Según aclaró el delegado en lo Electoral de la Registraduría, Nicolás Farfán, los procesos de revocatoria tienen hasta junio de 2022 para realizarse, debido a que revocar un mandatario solo se puede hacer hasta 18 meses antes de terminar el mandato. Además, desde el momento de la entrega de las planillas, tienen seis meses para recoger un número de firmas equivalente al 30% de los votos que eligieron al mandatario.

La campaña electoral a las elecciones legislativas y presidenciales de marzo de 2022 es otro de los obstáculos que se presenta para las revocatorias. Tanto los partidos y ciudadanos se centrarán en las consultas internas y convocatorias de votos, por lo que podrían dejar a un lado esos mecanismos de oposición.

Los principales procesos de revocatoria son contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; en Cali por Jorge Iván Ospina; en Medellín por Daniel Quintero; en Cartagena por William Dau; en Bucaramanga por Juan Carlos Cárdenas; en Cúcuta por Jairo Yáñez y en Fredonia, Antioquia, por Gustavo Guzmán Maldonado: todos estos mandatarios son de corte progresista o liberal.

De realizarse las 67 revocatorias, el mecanismo requerirá de cerca de 200 mil millones de pesos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; otro punto en contra debido a la crisis que afronta el país y el déficit fiscal que han señalado las autoridades de esa cartera.

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