Este lunes 12 de abril, comenzó en Viena (Austria) el evento mundial más importante de política contra las drogas. Durante el encuentro, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, participó como jefe de la delegación de Colombia, y destacó los avances y retos que enfrenta el país para combatir las organizaciones del narcotráfico y los cultivos ilícitos.
“Logramos romper la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia. Pasamos de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 a diciembre 31 de 2019, alcanzando una reducción del 9 %”, explicó Ruiz.
El 64° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de las Naciones Unidas es el principal escenario de debate sobre las políticas y estrategias para enfrentar el problema de las drogas, así como sus principales tendencias y efectos.
“Nos hemos centrado en la implementación de ‘Ruta Futuro’, política integral para enfrentar el problema de las drogas y que incluye estrategias integrales, articuladas y basadas en evidencia técnica y científica, con enfoque inclusivo y diferencial. Dicha política contempla también la erradicación de cultivos, apoyada en la inversión social y el desarrollo territorial”, agregó el jefe de la cartera de Justicia durante su intervención.
Asimismo, el alto funcionario sustentó la siguiente tesis, recogida igualmente por el Ministerio de Justicia:
La lucha contra el tráfico de estupefacientes es una responsabilidad común y compartida, en la que es indispensable fortalecer la cooperación y el esfuerzo global frente a la demanda de drogas, el control de precursores y sustancias químicas y la afectación de las rentas criminales.
La cartera a su vez dio a conocer que, en el marco de este encuentro internacional, el Gobierno de Colombia liderará, el próximo miércoles 14 de abril, conjuntamente con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y Costa Rica, un evento paralelo virtual denominado ‘Estrategias de reducción de cultivos ilícitos frente a la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente’.
Durante dicha actividad, que se realizará a partir de las 7:10 a. m., se planea exponer la importancia global de la protección del medio ambiente y la afectación que sufren a diario los ecosistemas por el problema del narcotráfico, especialmente por el daño que causa la proliferación de los cultivos ilícitos en áreas protegidas.
De igual forma, a través de este evento paralelo se analizará la experiencia de Colombia y otros actores hemisféricos, así como los esfuerzos de los gobiernos nacionales para la protección y conservación de la riqueza ambiental, tomando en cuenta aspectos sociales y económicos.
El ministerio también informó que, además participará en otro evento paralelo este jueves 15 de abril, también desde las 7:10 a. m. y organizado por Costa Rica. En el mismo se abordarán temas de género en el sistema judicial penal.
Entre tanto, en el país se viven conflictos con las comunidades debido a las acciones de erradicación de cultivos ilícitos. En departamentos como Antioquia, campesinos de la vereda Santa Inés denunciaron el pasado mes de marzo, que volvieron a tener problemas con miembros del Ejército Nacional a causa de la erradicación. La organización Proceso Social de Garantías informó el hecho a través de su cuenta de Twitter, y detalló que los uniformados habrían intimidado a los civiles durante la madrugada.
“Denuncia Pública: Comunidades campesinas, declaradas en Refugio Humanitario en la vereda Santa Inés, del municipio de Anorí, denuncian que hoy en la madrugada, siendo las 12:40 AM, miembros del Ejército amenazaron y restringieron su movilidad”, escribió la organización.
Por su parte, las comunidades del Pacífico nariñense se movilizaron también el mes pasado, para exigir al Gobierno nacional que no reanude las aspersiones aéreas con glifosato en esta región de Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos.
Así lo informaron trece organizaciones de derechos humanos a través de un comunicado en el que aseguraron que, estas comunidades esperan el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos establecidas en los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.
“El regreso de las aspersiones con glifosato sería una agresión directa en contra de los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz”, indicaron las organizaciones.
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