Tribunal de Bogotá tendrá que decidir si mantiene a Deyanira Gómez como víctima en el caso Uribe

Las dos primeras audiencias del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude procesal y compra de testigos terminaron en un debate sobre la aceptación al proceso de Deyanira Gómez (exesposa del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve) y Gonzalo Guillén (periodista colombiano) en calidad de víctimas.

Este 9 de abril la jueza 28 penal del circuito, Carmen Helena Ortiz Rassa, no solo ratificó que las pruebas recopiladas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia son válidas, sino que aceptó a Deyanira Gómez como víctima. “Si bien es cierto que Deyanira fue testigo en la Corte Suprema de Justicia, no es por tal calidad que se accede a su reconocimiento como víctima, sino por el nexo causal que se acreditó entre los hechos investigados y los daños que sufrió”, indicó la juez. A su vez, sobre Guillén rechazó la solicitud alegando que no tiene relación directa con el proceso.

La decisión de la juez fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado Jaime Granados quien funge como defensor de Uribe Vélez, al considerar que Gómez no debe ser víctima, pero también apeló el abogado de Gonzalo Guillén, todos pidiendo que en segunda instancia por el superior de la jueza se evalúe el caso.

Así las cosas, será un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá quien tome la decisión de si acompaña el fallo de la jueza 28 penal, o decide que tanto Deyanira como Guillén son víctimas o no del proceso contra el exmandatario.

A la espera de la decisión del tribunal, la jueza suspendió indefinidamente la audiencia de preclusión que solicitó en primer lugar el fiscal Gabriel Jaimes y en la que busca sustentar la inocencia del exsenador Álvaro Uribe.

Este proceso por supuesto fraude procesal y soborno de testigos comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Si, una vez se retome la audiencia, la jueza acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasa al Tribunal Superior de Bogotá.

Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía se vería enfrentada a tener que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.

En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.

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