Contraloría encontró detrimento por $35.914 millones en recursos destinados a la Ley de Víctimas

La Contraloría de Colombia denunció este martes 9 de abril, fecha en la que se conmemora el ‘Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado’, detrimentos patrimoniales por $35.914 millones en fiscalización de recursos de la Ley de Víctimas.

Desde 2012 hasta 2019 el ente de control realizó 32 ejercicios de auditoria que evidenciaron estos posibles detrimentos en la ley que cobija a las víctimas del conflicto armado en el país, y desde 2020 hasta lo corrido de 2021 se ha realizado este mismo ejercicio en la Unidad para las Víctimas y en el Banco Agrario.

“El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda, cerca de $24 billones, y alimentación, por un monto similar”, aseguró la entidad.

Asimismo, el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón indicó que, el órgano de control ha advertido que los decretos étnicos se encuentran sin financiación y solo el 10 % de lo sujetos étnicos, de los más de 482 registrados, han sido reparados.

Por tal motivo, el funcionario recalcó que es fundamental la ejecución eficiente de los recursos en la política pública de las víctimas del país por parte de las instituciones responsables en esta tarea.

En ese sentido, la Contraloría aseguró que ha realizado ejercicios de control fiscal que han permitido establecer riesgos y cuellos de botella, en la ejecución de la política pública de víctimas, de las cuales se han elaborado análisis especializados de sus partes.

Entre 2020 y 2021 se ha realizado una Auditoría de Cumplimiento sobre Indemnización Administrativa, que evidenció 18 hallazgos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y uno fiscal con un posible detrimento cercano de $7,4 millones de pesos.

“Auditoria de Cumplimiento sobre Subsidios de Vivienda Rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11 de alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones”, indicó el ente contralor.

Asimismo, se han realizado una Actuación Especial a Fonvivienda acerca de la legalización de los subsidios del programa Bolsas Anteriores y una auditoría financiera a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).

En el caso de la Ley de Víctimas, se ha evidenciado una insuficiencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones. Para 2031 se identificó que los recursos necesarios para ejecutar esta política es de $357,4 billones de pesos.

“Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar alrededor de $4,8 billones. Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5%) y le sigue retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13%)”, señaló la Contraloría.

SEGUIR LEYENDO