Colombia ha avanzado solo en un 15 % en la indemnización del total de las víctimas del conflicto armado

Congresistas de la Alianza Verde, el Polo Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical publicaron este viernes 9 de abril, como parte de los llamados que se hacen por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia, el Séptimo informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. En el mismo, dan cuenta del duro panorama que existe en el país con respecto al también llamado posconflicto.

Se trata de un reporte de 84 páginas que documenta, entre otras cosas, los principales avances y retos de los cuatro componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Jurisdicción Especial de Paz y la Reparación Integral a las Víctimas, siendo esta última una de las más atrasadas en materia de ejecución.

Según se lee en el informe, “a diciembre de 2020, 1.107.952 personas habían sido indemnizadas, lo que equivale al 15,1% de las víctimas sujetas de atención”. Se trata de una cifra ciertamente pequeña si se tiene en cuenta que la Ley de Víctimas lleva diez años en vigencia y que en el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 9.099.358 personas pertenecientes a dicha población. De estas, valga decirlo, 7.340.456 son sujetos de atención.

Así las cosas, se estima que entre 2012 y 2020 se indemnizaron en promedio a 101.314 personas por año. El mismo documento señala que antes de la firma del acuerdo se reparaba a 23.337 víctimas de municipios PDET —los más afectados por el conflicto— por año, luego de la misma, la cifra ascendió a 29.825.

Sobre el tema se pronunció Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el Partido Verde, quien señaló su preocupación la manera lenta en la cual avanzan los procesos de reparación. “Esto implicaría que nos tardaremos más de 60 años en poder lograr la reparación integral de todas las víctimas”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El retraso, señala el informe, se debe entre otras cosas a que la articulación entre los mecanismos de reparación colectiva y los PDET ha sido mínima, “lo cual representa una oportunidad perdida para reparar integral y masivamente a las víctimas”. De igual manera, señala que existen bloqueos de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad que no permiten avanzar con el resto del proceso.

Con ello, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz formuló varias recomendaciones como la identificación de fuentes de recursos que permitan acelerar el ritmo de indemnización de víctimas. Una forma, agregan, es ir trasladando paulatinamente los recursos invertidos en atención humanitaria a la reparación integral.

De igual manera, se sugiere “acelerar el trámite administrativo del proceso de restitución de tierras, y priorizar las labores de la Unidad en los municipios más afectados por el conflicto”, implementando una nueva estrategia de seguridad para las zonas en las que hay solicitudes de restitución; y se pide retomar el carácter presencial de las medidas de rehabilitación psicosocial de víctimas, especialmente en zonas con carencias en términos de acceso a internet.

Por último, se habla de la necesidad de establecer mejoras de fondo en la política de víctimas, de forma que la oferta del Estado les llegue de manera más efectiva.

No sobra mencionar otras cifras destacadas del informe, como el hecho de que la Comisión de la Verdad ha realizado12.492 entrevistas, que contienen el testimonio de 23.362 personas. De estas entrevistas, 11.592 fueron individuales y 900 colectivas; o que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tenía planeado realizar doce diligencias de recuperación en 2020, pero terminó realizando 34 en Chocó (1), Caldas (24), Sucre (1), Cundinamarca (3) y Caquetá (5).

No se queda atrás la JEP, que ha abierto siete macrocasos priorizados; ha aceptado a 12.726 personas que suscribieron actas de compromiso y sometimiento; ha rechazado 3.736 solicitudes de personas que solicitaron acogerse a la Jurisdicción sin reunir los requisitos; y ha concedido solo 1 garantía de no extradición.

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