Primero que dejen de asesinar: MinInterior sobre diálogos con el ELN

El pasado 6 de abril, mediante un debate de control político en una plenaria en el Congreso, los titulares de las carteras de Salud, Fernando Ruiz; Defensa, Diego Molano; e Interior, Daniel Palacios, le contaron al país y a los congresistas de la bancada de oposición cuál ha sido el manejo y las acciones para enfrentar la pandemia en el país.

Los partidos que citaron el debate, Polo, Alianza Verde, Comunes, Colombia Humana y Decentes, tomaron como punto de partida las más de 60 presuntas irregularidades que encontró la Superintendencia de Salud en la vacunación a nivel nacional. Sin embargo, Daniel Palacios respondió a afirmaciones por parte de la oposición que señalan que la intensificación de la violencia en las regiones de Colombia se debe por la suspensión de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su intervención, Palacios afirmó que los señalamientos de los legisladores que afirman que la política de seguridad del Gobierno fracasó son falsos y, en su argumento, citó una disminución en crímenes en 2020. Sin embargo, al hablar de los asesinatos a líderes sociales, el funcionario afirmó que “si bien estamos comprometido con la protección de los líderes, la mejor herramienta para defenderlos y a los reincorporados, es el desmantelamiento de las estructuras criminales que atentan contra ellos. Eso hay que decirlo sin miedo”, aseveró el funcionario.

“Aquí rápidamente salen a señalar al Clan del Golfo, pero yo no veo un rechazo claro a las disidencias de las FARC que cometen esos asesinatos o al ELN. Más allá de estar llamando a acuerdos y a diálogo con el ELN, llamemos al ELN a que deje de asesinar líderes sociales, llamemos al ELN a que deje de cometer secuestros, llamemos al ELN a que deje de cometer actos de terrorismo”, continuó el funcionario.

“Ese es el llamado que debería hacer de forma unísona este Congreso y no de llamar al diálogo cuando estamos viendo que son los del ELN los que asesinan a los líderes y a nuestros miembros de la Fuerza Pública y demás”, siguió.

Además, recalcó que el Estado colombiano no atenta contra los defensores de Derechos Humanos, sino que son los mismos actores armados de siempre. “Son los mismos de siempre con los mismos de siempre por la misma razón, porque quieren las rutas del narcotráfico, porque quieren las economías ilícitas, porque está la minería ilegal, porque está la deforestación, el acaparamiento de tierras y sobre todo porque hay producción de narcóticos con cultivos ilícitos o son rutas de tránsito obligatorio para sacarlos del país o generar microtráfico”, señaló, quien también añadió que el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para líderes sociales es de cerca de un billón de pesos.

Ante el compromiso de Colombia por la protección de los líderes sociales, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, le presentó el informe “Líderes Desprotegidos y Comunidades Indefensas” al Congreso de la República en febrero pasado.

La UNP, de acuerdo con Vivanco, tiene un rol clave en la protección individual con 400 defensores objeto de medidas de seguridad. Sin embargo, el director argumenta que el presupuesto de la misma es insuficiente frente a grupos vulnerables con una asignación de 250.000 dólares para protección colectiva. Sin embargo, el presupuesto general de la institución es de 300 millones de dólares.

“Hay que tener en cuenta que el 99% de las personas que son asesinadas no cuentan con protección. Los casos de personas asesinadas, que ya contaban con protección de la unidad, son muy pocas. Son cifras muy pequeñas”, señaló quien calificó el presupuesto como “irrisorio”.

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