Por convenio que graduó de abogados a ex paras, exdirector de Inpec es investigado por la Fiscalía

Por la firma de un convenio con la Corporación Universitaria Ideas, que graduó a paramilitares como abogados, pero cuyo programa no contó con el aval del Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos al exdirector del INPEC, general ( r ) de la Policía, Gustavo Adolfo Ricaurte.

Los resultados de este convenio permitió la graduación como abogados de la carrera de derecho a los paramilitares Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Aguila’, quienes recibieron su cartón en la cárcel La Picota de Bogotá.

De acuerdo con la naturaleza del convenio ambas entidades se comprometían a “abonar esfuerzos para facilitar el programa de educación superior profesional desde la facultad de derecho” con la intención de que los alumnos accedieran a la capacitación y, luego de cumplidas las asignaturas, optaran por el título de abogado.

El convenio tendría una duración de cinco años y no tendría costo alguno para los beneficiarios.

Sin embargo, tanto el programa académico como el convenio, no contaban con la autorización del ministerio de Educación, lo que no significó un inconveniente para que el general Ricaurte diera su aval a implementar la carrera de derecho en La Picota.

“General Ricaurte Tapia, usted sabía que esto no contaba con los permisos del ministerio para que ingresaran a La Picota, además fueron negados los permisos para dictar dentro de los muros de La Picota por medio de resoluciones que prohibían ejecutar el programa de derecho en la penitenciaría La Picota”, recalcó el fiscal del caso en la audiencia del pasado 7 de abril.

De acuerdo con la Fiscalía, el alto exoficial habría omitido el manual de contratación del INPEC y los principios de contratación pública, ya que no existe un registro de publicaciones de la fecha del convenio. Además, se habría omitido el proceso de selección porque no se hizo público el registro en el SECOP, lo que implicaría que dicho convenio se habría adjudicado a dedo.

“No sabemos cómo usted, General Ricaurte Tapia, firmó un contrato con la Corporación ideas, de dónde salió el contrato, no lo sabemos, pero se firmó”, agregó el fiscal del caso.

Para el ente acusador, el hecho de que el programa académico se fuera a dictar en las cárceles de Itagüí, Antioquia y Villavicencio, confirmaría que el convenio buscaría favorecer a la universidad, dado que cuenta con sedes en dichas ciudades.

En la audiencia, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de negociar un preacuerdo.

No es la primera vez que se cuestionan ciertos comportamientos del general Ricaurte.

En marzo de 2013, año en el cual Ricaurte renunció como director del Inpec, el sindicato de la institución denunció que un sobrino del general retirado, quien estaba recluido en la cárcel de Pasto por extorsión, gozaba de privilegios dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con Gerardo Estupiñán, entonces coordinador del departamento jurídico, tenía en su celda dos discos duros con información de la guardia. Además, el interno tendría escondidas varias fotografías donde se le veía celebrando su cumpleaños al lado de varias mujeres en su propia celda.

Además, Ricaurte, en su condición de director del Inpec, afrontó una huelga de hambre de reclusos en el año 2013 en 12 cárceles del país: Combita, Jamundí, Arauca, Quibdó, La Picota de Bogotá, Barne, Cúcuta, La Dorada, Girón, El Líbano, La Picaleña de Ibagué y la Tramacua de Valledupar.

Por este evento, el senador Iván Cépeda cuestionó al exdirector del Inpec, afirmando que su misión de combatir la sobrepoblación en las cárceles nunca fue cumplida: “Aquí se deben asumir una serie de decisiones que no van a ser superficiales, tiene que examinarse la política criminal y ponerse en armonía con la política penitenciaria, el problema del hacinamiento y por ejemplo de la atención médica no puede seguir siendo un asunto que se vea con desdén”, recalcó Cepeda.