Defensoría denuncia que comunidades de Casanare y Boyacá están en riesgo por cuenta de grupos paramilitares

Dos nuevas zonas de Colombia fueron incluidas este 7 de abril en la lista de territorios en alto riesgo de ser atacadas por grupos paramilitares. Según indica la Alerta Temprana número ocho de 2021, emitida por la Defensoría del Pueblo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el ‘Clan del Golfo’, están retornando a Casanare y Boyacá con el fin de tener el control de esos departamentos.

“En la Alerta Temprana No. 008 de 2021 se advierte la situación de riesgo suscitada por las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en los municipios de Sácama, La Salina, Támara, Aguazul y Yopal, en el departamento de Casanare; así como en Pajarito, Paya y Pisba, en Boyacá”, asegura la Defensoría.

Según el organismo, el retorno de las AGC a ambos departamentos se debe a que el grupo paramilitar quiere cobrar extorsiones para financiarse. A través de panfletos, los criminales exigen dinero a las víctimas potenciales, que serían comerciantes, transportadores de hidrocarburos, arroceros, ganaderos, entre otros.

Además, en el caso particular de Casanare, tienen la intención de recuperar las rutas de narcotráfico y microtráfico que en estos momentos están siendo acaparados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“El retorno del paramilitarismo a la región tiene como fin combatir la expansión de las facciones disidentes de las FARC frentes 28 y 10 y de la guerrilla del ELN. (...) Por esto, es probable que se incrementen las amenazas, la extorsión, el homicidio selectivo y múltiple, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, atentados contra la vida, el reclutamiento forzado, entre otras conductas”, señala la alerta temprana.

Para hacerle frente a la situación, este mismo miércoles la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) se reunió en Yopal para hacer seguimiento de las acciones desarrolladas a raíz de la situación. La Defensoría asegura que es necesario que se adopten medidas de protección y prevención urgentes, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil que habita los municipios afectados.

Dentro de este punto se mencionó la importancia de crear estrategias diferenciadas para algunas poblaciones que pueden estar en mayor riesgo, tales como los indígenas, los niños, mujeres en estado de gestación y adultos mayores. Así mismo, se pidió fortalecer los esquemas de protección de los líderes sociales amenazados y promover una amplia participación de la Mesa Territorial de Garantías.

Para evitar perjuicios mayores a la población, el delegado de Alertas Tempranas, Ricardo Arias, aseguró que es importante garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones para que los afectados puedan reportar cualquier anomalía.

Los representantes de las comunidades afectadas, quienes también participaron en la reunión de CIPRAT, estuvieron de acuerdo con la estrategia de la Defensoría. Además, aseguraron que quieren que se les tenga en cuenta cada vez que se discuta su situación.

“Las comunidades de los municipios mencionados solicitaron inclusión, garantías de derechos y fortalecimiento de la presencia institucional. Así mismo, durante este CIPRAT se ratificó el acompañamiento constante de la Defensoría del Pueblo para velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de la población que habita en las zonas señaladas”, aseguró Arias.

Cabe mencionar que, la Defensoría del Pueblo ya envió un oficio al Gobierno nacional, específicamente al Ministerio del Interior (MinInterior), para notificar la situación y solicitar apoyo de la fuerza pública y otras instituciones del Estado.

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