“Imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia en Colombia”: secretario general de la ONU

El informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, para los tres primeros meses del 2021, ya está listo para ser presentado el próximo 21 de abril ante el Consejo de Seguridad de la organización internacional con sede en Nueva York.

La evaluación abarcó desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 26 de marzo de 2021, como el periodo de análisis, en el cual se hizo seguimiento a las cinco prioridades que estableció el secretario general de la ONU en el informe del trimestre anterior.

Entre los principales acontecimientos de los primeros meses del año, el informe resalta la reunión del presidente Iván Duque con los dirigentes del partido Farc, como Rodrigo Londoño y Pastor Alape, el pasado 10 de marzo en el Palacio de Nariño. Ese encuentro concluyó con la ratificación de la disposición para implementar el Acuerdo de Paz de ambas partes.

Así mismo, la ONU resalta el primer auto de determinación de conductas emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01, sobre toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. “Es la primera vez que se les imputan a líderes de las antiguas FARC-EP crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado y homicidios”, señaló el organismo.

Otro de los hechos que resaltó, es la determinación de la cifra de 6.402 posibles víctimas de los mal llamados “falsos positivos” que contempla el caso 03 sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. “Los anuncios de la Jurisdicción Especial para la Paz suscitaron reacciones diversas que son representativas de la polarización existente, la cual sigue siendo un desafío para el proceso de justicia transicional”.

En ese sentido, el informe firmado por Carlos Massieu, director de la Misión en Colombia, señaló que las decisiones fueron apoyadas por nacionales y la comunidad internacional y reiteró “el llamado a todos los actores a que respeten la autonomía y la independencia de la Jurisdicción Especial para que pueda llevar a cabo su crucial labor”.

A la Misión de Verificación y a la ONU le preocupa la seguridad de excombatientes y líderes sociales, los cuales, pese al esfuerzo de las autoridades, continúan siendo víctimas de desplazamientos, amenazas y asesinatos, como lo evidenció el informe.

En el periodo comprendido, se registraron 14 asesinatos de firmantes de la paz (13 hombres y una mujer), que según el mecanismo suman 262 homicidios desde la firma del Acuerdo Final en 2016. A estos se suman 59 intentos de homicidio y 31 desapariciones.

“Los excombatientes y las excombatientes siguen teniendo que trasladarse por motivos de seguridad. Tres de los excombatientes asesinados recientemente se habían visto obligados a abandonar los lugares en los que estaban llevando a cabo su proceso de reincorporación debido a las amenazas, y uno de ellos fue asesinado tras abandonar Cauca después de dos intentos de asesinato y el asesinato de dos de sus hermanos. En Antioquia, decenas de excombatientes huyeron recientemente de los municipios de El Bagre e Ituango por motivos de seguridad”, detalla el informe.

La Misión aseguró que la ruta de evacuación anunciada por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación no ha sido implementada, así como las medidas de protección no tiene mecanismos claros para la protección de los familiares e hijos, quienes también se ven vulnerables frente a las amenazas contra los excombatientes.

“De los 686 puestos de escolta vacantes en la Unidad Nacional de Protección, se han cubierto 256 (47 con mujeres) desde que se proporcionaron los fondos adicionales. Asimismo, se han cubierto los 36 puestos de analista y se ha adoptado un plan de trabajo para responder a las más de 1.000 solicitudes de protección pendientes antes de octubre de 2021. Hasta la fecha se han implementado 302 esquemas de protección, 59 de ellos para mujeres excombatientes, y 49 medidas de protección colectiva”, se aclara en el informe.

Respecto a la violencia contra los líderes y lideresas sociales, el organismo registró la información de 24 homicidios contra personas de esa condición, uno que se encuentra documentado y 23 más que continúan en proceso de verificación.

Siete de las víctimas eran líderes indígenas. “Los departamentos con mayor número de casos son Cesar, Nariño y Valle del Cauca. Se documentaron 10 asesinatos a gran escala (masacres), y 12 están en proceso de verificación”, señala el documento.

El organismo llamó al Gobierno nacional para hacer un mayor uso del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en especial cuando inicia la campaña electoral, debido a la violencia contra personas que ejercen sus derechos políticos en los territorios, la cual no discrimina en tendencias.

Para el organismo, generó gran preocupación el asesinato de Fermiliano Meneses, concejal y líder comunitario, asesinado en Argelia, Cauca. Un hecho que según el informe causó el desplazamiento de otros 11 concejales también bajo intimidaciones y riesgo de atentados.

“Los avances en el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos siguen siendo limitados”, señala el informe y la implementación del piloto en Putumayo enfrenta desafíos, porque según la Misión, la capacidad institucional es limitada en ese territorio.

Debido a esas cifras de vulneración de derechos humanos contra excombatientes y líderes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que es “imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia” en Colombia, donde se siguen cometiendo “atroces crímenes” contra colombianos que trabajan para construir un futuro mejor.

“Insto una vez más a todas las entidades del Estado a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta a estas amenazas”, pidió Guterres en su informe trimestral.

Para Naciones Unidas, la concentración de la violencia en algunas regiones es el resultado de una presencia limitada del Estado, elevados niveles de pobreza y la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se enfrentan por las economías ilícitas.

Además alertan que en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, la seguridad se ha deteriorado, después de una mejora evidenciada en los últimos años. “(Confío) en que los cimientos del Proceso de Paz serán lo suficientemente sólidos para proteger lo alcanzado y hacer frente a los desafíos”, señaló Guterres.