El expresidente y nobel de Paz colombiano, Juan Manuel Santos, reveló detalles acerca del proceso de Paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc): tanto de cómo logró firmar el acuerdo con los subversivos hasta su opinión sobre cómo avanza la implementación del mismo. El político aseguró que, al menos un 90 por ciento de los subversivos de las extintas Farc dejó las armas, pero el Gobierno del presidente Iván Duque, que debía responder por lo pactado, no ha cumplido, ni a los excombatientes ni a las víctimas.
“Hay que distinguir lo que fue el acuerdo con las Farc y lo que está pasando con el resto de organizaciones criminales que están generando violencia. ¿Cuál debería ser el objetivo? Implementar el proceso de paz para llevarle a esas regiones seguridad, pero no solo personal, sino seguridad jurídica, alimentaria, económica y seguridad social. Eso está faltando”, dijo Santos durante un conversatorio organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 5 de abril.
El exmandatario aseguró que en su gobierno nunca dijo que “este país (Colombia) sería un paraíso tras la firma de la paz”, y reiteró que siempre fue enfático al decir que el acuerdo se firmaría con las Farc, no con el resto de organizaciones criminales que delinquen en el territorio colombiano.
Al asegurar esto, Santos repitió que para que el Acuerdo Final de Paz con las Farc tenga éxito, se debe acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral. Dijo que este tema deberá ser desarrollado por el nuevo mandatario que asuma la presidencia de Colombia en 2022, pues en los casi tres años que lleva Duque los avances no han sido significativos.
Uno de los puntos principales que, según Santos, afecta a las comunidades es la sustitución de cultivos ilícitos. El Gobierno Duque insiste en realizar este proceso a la fuerza y recurriendo a la aspersión aérea con glifosato, hecho que ha sido rechazado por los campesinos y autoridades de varios territorios del país.
El nobel de Paz se sumó a esta denuncia durante el conversatorio y aseguró que esto insta a la violencia.
“Inexplicablemente, eso se paró, esa política quedó como en el limbo y ese es uno de los factores que hoy está generando parte de la violencia”, dijo.
Lo manifestado por Santos se sustenta en que durante las últimas semanas se han reportado enfrentamientos entre la fuerza pública y civiles de territorios como la subregión del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el departamento del Chocó y otros del suroriente del país como Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
Mandatarios de estos lugares aseguran que la erradicación forzosa fomenta otros problemas de tipo social, económico y medioambiental. En el Guaviare, por ejemplo, las personas terminan plantando los ilícitos en zonas boscosas escondidas, lo que acrecienta el problema de deforestación, que ya es latente en el país.
“A la gente les fumigan un cultivo a 100 kilómetros de los cascos urbanos, y ellos arrancan su semilla, y se van a sembrarla en las profundidades de la selva, generando más deforestación”, contó Heider Palacios, gobernador del Guaviare, el pasado 25 de marzo durante el Primer Foro Regional de Gobernadores Suroriente. Además, dijo que en su territorio hay más de 6.000 familias que están a la espera de que se cumpla el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
Dentro de este tema de negociaciones con grupos armados al margen de la ley, Santos aprovechó para revelar que su gobierno no firmó el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque un funcionario de la actual administración fue quien boicoteó la negociación con el fin de que el arreglo se concretara durante el mandato de Iván Duque, hecho que no sucedió.
“Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir yo del gobierno, infortunadamente un muy importante vocero del actual gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo y el ELN se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en las que estamos”, dijo Santos.
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