El debate por la implantación del ‘fracking’ en Colombia se ha intensificado en los últimos meses, ya que desde finales de 2020, el país estableció una hoja de ruta de cuatro proyectos de investigación sobre este tipo de extracción hidráulica en yacimientos no convencionales.
Cabe recordar que esta práctica consiste en una fracturación hidráulica para extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional, que se encuentra atrapado en las capas de rocas del subsuelo. Para la Alianza Colombia libre de Fracking, esa actividad debe ser censurada, ya que contradice la Constitución ecológica de 1991, el Acuerdo de París, el Convenio de Río de Janeiro, la Convención Ramsar, entre otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
De hecho, la Procuraduría General de la Nación entregó al Consejo de Estado, el alto tribunal encargado de emitir el fallo final, un concepto con el que recomienda tumbar las normas que facultan la práctica, por falta de evidencia científica que indique que no afecta el medio ambiente, el agua y la salud pública.
“Conlleva un riesgo potencial al medio ambiente, en especial respecto del recurso hídrico y la salud pública, riesgos sobre los cuales existe incertidumbre científica, pero que indica que puede generar un daño grave e irreversible al medio ambiente”, sostuvo el documento del Ministerio Público.
Entre tanto, dos estudios pilotos de ‘fracking’ ya tienen luz verde en el país y ante esta situación, varias organizaciones ambientales, en incluso pobladores de las zonas en donde se harán las extracciones, han protestado para que no se lleven a cabo estas fracturaciones en el subsuelo.
Este 6 de abril, el turno fue para el sindicato petrolero más grande de Colombia, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), que se unió a la campaña anti-fracking para oponerse al desarrollo de depósitos de yacimientos no convencionales y exigir una transición más rápida a la energía renovable.
Así fue como USO y la Alianza Colombia Libre de Fracking señalaron a través de un comunicado que, están uniendo fuerzas para proteger la región del Magdalena Medio y el país en su conjunto de la exploración no convencional.
“La @usofrenteobrero ingresa oficialmente a @ColombiaNoFrack. Une esfuerzos con distintas organizaciones sociales y políticas del país para oponerse a esta técnica de explotación y aboga por una acelerada transición energética justa”, indicó el presidente del sindicato, Edwin Palma, en una publicación en Twitter.
Dicha alianza contra el ‘fracking’ ya cuenta con 120 organizaciones que se unieron a la causa, y ahora llega la USO que tiene alrededor de 30.000 afiliados.
Frente a este tipo de campañas, Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH), señaló que los grupos anti-fracking son internacionales, están bien organizados y financiados por quienes pueden salir perdiendo con el desarrollo de yacimientos no convencionales, sin ofrecer pruebas.
“Es bien conocido en el ambiente de los hidrocarburos que todas las campañas en contra del fracking vienen de aquellos países donde no les conviene que el fracking se desarrolle”, afirmó Zamora en un foro virtual, nombrando a Rusia como un país que no se beneficia del éxito de esa técnica de producción de hidrocarburos.
Por su lado, la Alianza Colombia Libre de Fracking calificó de falsas las acusaciones:
Le exigimos que muestre públicamente las pruebas que tiene al respecto sobre supuesta injerencia o financiación de Rusia en la oposición al fracking en el país, o se retracte de sus afirmaciones.
De acuerdo con el Gobierno nacional, Colombia tiene un potencial de entre 3.000 millones y 9.000 millones de barriles de crudo equivalentes en yacimientos no convencionales, es decir entre 2 y 6 veces las reservas actuales que alcanzan para 6,3 años de consumo.
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