Comienza la cuenta regresiva para conocer el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe

El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez es uno de los que mayor expectativa ha generado en Colombia, luego de que la Corte Suprema de Justicia, el 16 de febrero de 2018, abriera una investigación al expresidente por fraude procesal y compra de testigos. Y este 6 de abril, al menos en primera instancia, se definirá su futuro: la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, deberá decidir si precluye el caso, como lo solicitó la Fiscalía.

Aunque los argumentos para solicitar la preclusión de la investigación Álvaro Uribe Vélez los tendrá que dar el fiscal Gabriel Jaimes en la audiencia, el pasado 16 de marzo ya había afirmado que obedecen a que luego de una valoración del material probatorio, “se estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Producto de la decisión del ente investigador, el 17 de marzo 1.290 personas y organizaciones sociales y ciudadanas exigieron al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, garantías en el proceso judicial adelantado, dejando entrever la falta de imparcialidad de Jaimes. La Fiscalía, no obstante, aseguró que actuó “con estricta sujeción a los principios y normas constitucionales y procesales que se erigen como garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales”.

Desde que el caso pasó de las manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a las de Gabriel Jaimes en la Fiscalía, Iván Cepeda denunció falta de garantías. Entre otras, el congresista cuestionó la tardanza del ente investigador para responder un cuestionario sobre el proceso, pues lo hizo solo el pasado 24 de marzo, 13 días después de acudir al recurso de una acción tutelar.

Sobre el caso, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió “la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la información y de acceso a la administración de justicia de Cepeda Castro como víctima”, debido a que, pese la solicitud del senador, la Fiscalía se había abstenido de pronunciarse.

Las preguntas que Iván Cepeda ha hecho llegar a la Fiscalía sobre el caso, de acuerdo con él, confluyen en una sola: “¿Por qué no se ha investigado en debida forma a Álvaro Uribe, por qué no se ha investigado lo que estableció la Corte, su modus operandi, su presunto rol de determinador en esta trama de falsos testigos y de acciones para embaucar a la justicia?”.

El 5 de abril Noticias 1 dio a conocer una lista parcial de quienes declararon en la audiencia dónde se decidirá si el caso Uribe se archiva o no. Paradójico resulta que los doce testigos, entre exnarcotraficante y exparamilitares, juntos suman 250 años de condena. ¿Quiénes son?

Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, quien tiene una condena de 10 años por narcotráfico en Estados Unidos; Carlos Eduardo ‘Caliche’ López Callejas, condenado a 40 años de cárcel por secuestro; Hilda Janeth Niño Farfán, exfiscal condenada por cohecho a cinco años de prisión; el exparamilitar Jhon Jairo ‘Fosforito’ Cárdenas Suárez, condenado a 26 años por terrorismo; entre otros.

“Absolutamente todos los testigos han sido presentados por la defensa —de Uribe— y son testigos que han venido declarando, y sus versiones han venido siendo desvirtuadas en el transcurso del proceso, incluso, algunas veces con el solo interrogatorio de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Reynaldo Villalba, apoderado de Iván Cepeda a Noticias 1.

Los testigos de Cepeda, también exparamilitares, son Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, y siempre ha sostenido sus declaraciones sobre Álvaro Uribe Gómez.

En 2012, el expresidente de Colombia denunció a Iván Cepeda, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, por asistir a cárceles a entrevistarse con los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron al líder del Centro Democrático y su hermano Santiago Uribe, de haber contribuido con el financiamiento del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el departamento de Antioquia.

En ese entonces, el expresidente denunció al hoy senador del Polo Democrático por los delitos de calumnia, fraude procesal, falso testimonio y abuso de la función pública; según él, Iván Cepeda, quien lo acusó públicamente por su presuntos nexos con paramilitares, emprendió una búsqueda de falsos testigos en su contra. Pero, en 2018, la Corte Suprema de Justicia le dio vuelta al caso y planteó que fue Álvaro Uribe Vélez, a través del abogado Diego Cadena, quien intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el llamado ‘testigo estrella’ del caso, para cambiar su versión.

En 8 octubre de 2019, Álvaro Uribe Vélez quedó vinculado formalmente al caso, y, cerca de diez meses después, el 3 de agosto de 2020, fue privado de la libertad de manera preventiva tras una orden de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de 15 días exactamente, el expresidente, que se desempeñaba como senador, renunció a su curul, razón por la cual su caso pasó de las manos de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, dado que los delitos por los que se le investigaba “no tienen vínculo con la actividad funcional de legislador”. La renuncia al Congreso, que simpatizantes de Uribe consideraron un acto de sensatez, para el sector de la oposición no fue más que un truco para escapar del callejón sin salida en el que aparentemente estaba.

Una vez el caso quedó en poder de una jueza con función en Control de Garantías, el 10 de octubre de 2020, se revocó la medida de aseguramiento impuesta a Álvaro Uribe Vélez.

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