El pasado 10 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ para esclarecer los hechos sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco personas.
Al ser cuestionado sobre el asesinato de Gómez Hurtado, Londoño aseguró que, desde sus inicios, consideraban al político como un enemigo que instigó el bombardeo a Marquetalia cuando apenas estaban conformándose las Farc.
A pesar de que la familia de Gómez Hurtado ha cuestionado la versión de las Farc y ha asegurado que no creen en los exmiembros del secretariado, ‘Timochenko’ aseguró que, es “sumamente doloroso” para él reconocer que su organización cometió un acto con tantas consecuencias en la vida política del país, y dijo que no hay ninguna razón para que los exguerrilleros se autoincriminen falsamente la responsabilidad del magnicidio.
Aunque la magistrada Julieta Lemaitre cuestionó si había alguna prueba o fuente, como los computadores incautados a las Farc o algún testigo que permita ratificar la versión de las Farc, Rodrigo Londoño aseguró que, por el momento, no tiene información al respecto.
Ante la carencia de pruebas que confirmen sus declaraciones, W Radio reveló, este lunes 5 de abril, las observaciones que la familia Gómez Hurtado hizo por medio de sus abogados, Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno, en contra de la versión del excomandante de las Farc.
“Para apoyar su versión no aporta documentación, aportes, informes, manifiestos o material probatorio que permita ir más allá de una simple adjudicación de un homicidio en cabeza del Secretariado de las Farc”, se lee en el documento que reveló el medio.
Asimismo, señalaron que tanta validez podría tener el testimonio de ‘Timochenko’, pues ese 2 de noviembre Londoño se encontraba comandando el Bloque Magdalena Medio y manifestó que la decisión no la tomó el secretariado de la guerrilla.
“El individuo subversivo para ese entonces se encontraba en el Bloque Magdalena Medio, luego cualquier aporte de verdad, frente a la normatividad nacional e internacional, demuestra que su relato es tan sólo de oídas, lo que deja sin ninguna validez la versión entregada” detalla el documento.
Por otro lado, la familia de Gómez radicó una carta de protesta contra la JEP por no haberles permitido asistir a la entrevista a Piedad Córdoba, que se adelantó a puerta cerrada y no asistieron las víctimas. De acuerdo con la JEP, esta situación se presentó por temas de mala conectividad.
“La entrevista a Piedad Córdoba es una diligencia reservada (ver artículo 206 Ley 906). La Sala de Reconocimiento concedió la participación de las víctimas. Por problemas de conexión desde donde se origina la diligencia, en Medellín, no han podido ingresar a la entrevista. Esta diligencia será trasladada a las víctimas quienes podrán reaccionar y solicitar pruebas una vez recibido el traslado”, señaló el mecanismo.
El hecho de que las víctimas no hayan sido permitidas para presenciar la diligencia, a pesar de que se explicó que fue por una falla técnica, hizo que mostraran su descontento frente a la JEP. “Nos citó la secretaría jurídica de la JEP, estábamos todos presentes y, de pronto, abrieron otra sala para hacer la diligencia. Lo de la falla de conectividad es una excusa”, dijo Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder conservador, a El Tiempo.
Por esto, Gómez Martínez interpuso una carta, por medio de sus apoderados Bernardo Henao y Joan Sebastián Moreno, en la que expresa su descontento y molestia por el hecho de que la JEP lo haya omitido a él y a sus familiares a la hora de llevar a cabo la audiencia de Córdoba.
“Ignorando a los interesados en la verdad y violando todas las reglas del régimen probatorio, a las cuales no escapa la JEP, se adelantó la diligencia, actuación contraria a la construcción dialógica de verdad que rige el Sistema”, expresó la defensa de las víctimas en la misiva, revelada por W Radio.
Sin embargo, según el mismo medio, la JEP le entregará a las víctimas una copia de la entrevista a Córdoba para que realicen las respectivas observaciones. Por otro lado, Gómez Martínez y los demás allegados de la víctima consideran la copia insuficiente al no poder formular preguntas a la exsenadora en tiempo real.
Las víctimas aseguran que, se trata de una “flagrante vulneración de nuestros derechos revictimiza a las víctimas que tienen que concurrir ante esta entidad, y elimina su confianza en ese especial sistema judicial creado para obtener la verdad”.
En el documento, la familia expresa que se impulsaron los actos procesales pertinentes e, incluso, se instauró una acción de tutela con el fin de que “en respeto a la dignidad de las víctimas se nos permita actuar en igualdad de condiciones, a una defensa legítima, a no ser sujetos de una justicia oculta”.
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