Militares víctimas de minas antipersona quieren ser tenidos en cuenta por la JEP

La Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado (Milvíctimas), continúa a la espera de la respuesta de una solicitud que hicieron hace poco más de dos años, el pasado 4 de abril de 2019, respecto a ser tenidos en cuenta como una de las prioridades de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras ser víctimas de minas antipersona. Ante ese ente, los uniformados presentaron un informe detallado en el que explicaron las “graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y afectaciones causadas por artefactos explosivos improvisados”, que fueron puestos en tierra por la extinta guerrilla de las FARC.

De acuerdo con información de RCN Radio, dos años después, las víctimas de estos hechos violentos, en medio del conflicto armado colombiano, continúan a la espera de la apertura del macro caso que los lleve a tener una respuesta que les garantice sus derechos de verdad, justicia y reparación.

Según con ‘Milvíctimas’, en su informe entregado a la JEP, las extintas FARC acogieron esta práctica, bajo órdenes precisas que incitaban a instalar, de manera permanente, minas antipersonas en los territorios, sin importar la presencia de población civil y menores de edad en ellos.

Uno de aquellos hechos, plasmados en el documento, se refiere a la activación de un campo minado en el Caquetá por parte de la columna móvil Teófilo Forero, al paso de una comisión del ICBF en 2008: el hecho terminó con cinco personas fallecidas.

“También el asesinato de dos menores en Nariño, por la activación de estos explosivos en el año 2014 y la instalación de un campo minado en cercanías a una escuela al sur del Tolima por parte del Comando Conjunto Central de las Farc en el 2015. Estos entre muchos otros casos, son recogidos en el informe que muestra en detalle la práctica perversa que viola el principio de distinción, base del DIH, así como también el Principio de Limitación, utilizando métodos y medios que no eran permitidos por el Derecho de la Haya”, se lee en el archivo.

Hasta esa fecha, en la que se presentó el proyecto, 4 abril de 2019, día Internacional de la sensibilización contra las minas antipersonal, se reportaron, según el Alto Comisionado para la Paz, 7.180 miembros del Ejército Nacional caído en estas trampas explosivas, de los más de siete mil, 5.736 quedaron heridos y 1.444 fallecieron.

De acuerdo con los militares, víctimas de estas minas, la idea de que sean tenidos en cuenta por la JEP se suma a la intención de proteger los derechos de las víctimas y generar garantías de no repetición de estos hechos, “el reconocimiento y la participación de las víctimas de minas en la Justicia Transicional es un paso pendiente en el camino de reconciliación y reparación de la sociedad colombiana, que reclama escuchar a quienes padecieron de los más crueles vejámenes de la guerra”, concluyó la Corporación.

En su momento el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, aseguró que el informe era “un insumo muy valioso que brinda elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones”.

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