Comunidades indígenas de Nariño protestarán este lunes por problemas con la EPS Mallamas

Desde finales de 2020 varias comunidades indígenas denunciaron problemas con la Entidad Prestadora de Salud (EPS) Mallamas de Ipiales (Nariño), sin embargo hasta el momento no han recibido soluciones por parte de las autoridades. Ante este hecho, los miembros de los resguardos de Muellamues, Aponte y Cumbal anunciaron que protestarán este cinco de abril bloqueando la vía Panamericana en el trayecto Pasto - Ipiales, en Nariño.

En esta oportunidad, las comunidades solicitan que se les entreguen soluciones  con respecto al nombramiento de la junta directiva que rige la EPS. Al parecer el grupo fue escogido por los mismos indígenas, pero el Ministerio del Interior (MinInterior) se niega a reconocerlos, lo que incurre en una violación de la autonomía de los resguardos.

“Por parte del Ministerio del Interior, no se ha querido reconocer la junta directiva que actualmente existe, por lo tanto hemos decidido adoptar estas medidas de hecho”, indicó Adrián Chasoy, gobernador del resguardo Inga de Aponte.

El líder agregó que la comunidad a la que representa es la dueña de la EPS Mallamas, pero al parecer este hecho es desconocido u omitido por el Gobierno nacional.

Además, los afectados denuncian que a quienes sí reconocen las autoridades nacionales para liderar la EPS no están haciendo un buen trabajo. En octubre del año pasado los indígenas realizaron otra protesta para exponer que el gerente de Mallamas, Favio Enríquez Miranda, realizó “abusos de confianza”, por lo que querían su renuncia.

A esto se le sumó una denuncia por un presunto déficit de más de 76.000 millones de pesos.

“Han vulnerados nuestros derechos, están abusando del poder y la situación se está convirtiendo en una dictadura, pues ya ni siquiera nos permiten el ingreso a esta que es nuestra casa”, indicaron líderes indígenas en esa oportunidad ante medios locales de Nariño.

Cabe mencionar que estas nuevas denuncias hechas por los  resguardos Muellamues, Aponte y Cumbaly se conocen unos días después de que el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), revelara un informe en el que expone que, solo entre el 1 de enero y el 9 de marzo de este año, se violaron los derechos de más de 3.674 indígenas.

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), realizado en 2018, en el país existen 115 pueblos indígenas nativo, y todos han sido violentados.

Dentro de las distintas categorias de violación de derechos, la Onic denunció que uno de ellos es que los indígenas tienen problemas para ser escuchados formalmente por el Estado, ya que no hay traductores que los ayuden a comunicarse.

Además, de la cifra total de afectados, se detalló que 2.960 víctimas son por confinamiento y 677 por desplazamiento forzado masivo. Señaló que, desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, estas dos violaciones de los derechos son las de mayor impacto, con el 51.6 por ciento por confinamiento y 30.0 por ciento por desplazamiento.

La Onic reiteró que estas formas de vulneración de derechos deben detenerse, por lo que la organización pidió el apoyo de los gobernantes y la sociedad civil. Se solicitó pactar nuevos acuerdos con grupos subversivos y cumplir con los existentes para así proteger a los indígenas y los colombianos en general.

“Hemos insistido en el cumplimiento de los acuerdos pactados entre la exguerrilla de las Farc-EP y el Estado, y en especial en la implementación del Capítulo Étnico como salida a esta grave situación. Igualmente clamamos para que se reinicien los diálogos de paz con el ELN y demás grupos armados, con el fin de parar la guerra que está dejando un rastro de dolor en los territorios”, finalizó la Onic

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