Colombia vive su tercer pico de covid-19 desde que se conoció el primer paciente con este virus en el territorio nacional, en marzo de 2020, y, sin embargo, este no es el único padecimiento del país. Las manifestaciones de violencia, que se acrecentaron en 2020, siguen siendo ‘pan de cada día’.
El domingo de Resurrección, en la vía que conecta a los municipios de Caloto y Toribío (Cauca), un grupo armado asesinó a Fernando Esneider Lozada Franco, comunero indígena perteneciente al Resguardo Nasa de Tacueyo.
Fernando Esneider Lozada Franco también hacía parte del esquema diferencial (sin arma) de la Unidad Nacional de Proyección (UNP) y del Sindicato Nacional de Profesionales de Seguridad (Sininproseg). Y habría sido asesinado por sus labores en pro de la comunidad.
Su asesinato, de manera paradójica, fue perpetrado mientras en algunas poblaciones del Cauca, donde se han registrado combates entre el Ejército Nacional y estructuras armadas al margen de la ley, adelantaban un acto simbólico por la paz.
A Lozada Franco lo hallaron en la población de El Nilo, a orillas de la carretera, con cuatro disparos en pecho y rostro. Y fueron defensores de derechos humanos los que lo llevaron hasta la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santander de Quilichao (Cauca).
“En la tarde se obtuvo la versión de la esposa de la víctima. Ella indicó que Fernando Esneider Lozada Franco salió de Toribío hacia Caloto en la camioneta de la UNP para recoger unos mercados. Luego, recibió una llamada en la que se le informó que el cadáver de su esposo yacía a un costado de la carretera”, sostuvieron las autoridades.
Algunos testimonios apuntan a que a Lozada Franco fue abordado por un algunos hombres en motocicletas; mientras unos le cerraron el paso, otros le dispararon. Después, lo sacaron de la camioneta para dejarlo abandonado en la vía.
“El joven era parte del esquema de seguridad asignado al coordinador del proyecto Nasa, como quedó establecido en la sentencia T-030/16 de la Corte Constitucional de Colombia en cumplimiento a una providencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado a proteger a cinco comunidades indígenas del norte del Cauca”, explicó Joe Sauce, líder indígena.
De acuerdo con Indepaz, en lo que va de 2021 habrían sido asesinados 42 líderes y defensores de derechos humanos 1.156 desde la firma del Acuerdo Final de Paz.
<b>Van 104 víctimas de minas antipersona este 2021</b>
Al menos 104 personas fueron víctimas de minas antipersona y otros artefactos explosivos, según el balance trimestral publicado por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) con motivo del Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal.
Los eventos, o “accidentes” como los denominó la entidad humanitaria, ocurrieron en nueve departamentos del país, sin embargo fueron Norte de Santander, Cauca y Nariño “las zonas más afectadas. En estos tres departamentos se concentró el 71 % de las víctimas”, de acuerdo con comunicado oficial.
Por este registro, Colombia es, después de Afganistán, el país con más víctimas de minas antipersonal en el mundo.
“La mayoría de las víctimas son civiles, principalmente población campesina, que, mientras realizaban labores cotidianas como cultivar, buscar agua, o transitar por las veredas, tropezaron con estos artefactos”, informó el CICR.
El desglose por departamentos se encuentra de la siguiente forma: el 77 % de las víctimas corresponden a Norte de Santander (80), Nariño (78), Antioquia (64), Cauca (50), y Valle del Cauca (27). Entre las víctimas: 226 eran civiles, 152 de las fuerzas de seguridad del Estado y 11 pertenecían a grupos armados ilegales.
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